“Nos bajaron la nota”

La noticia fue que la agencia calificadora de riesgo, Standard & Poor’s había rebajado la calificación de la deuda del Perú, poniéndola a un paso de perder el grado de inversión que tanto tiempo y esfuerzo tomó conseguir. En términos simples, la calificación define la capacidad y voluntad de una entidad (en este caso la República del Perú) de cumplir con el pago de sus obligaciones.

La rebaja significa, entonces, que hay menos confianza en que el país pueda cumplir con estas, y la parte crítica está en la razón: las pésimas leyes que da el Congreso (y que ponen en riesgo la estabilidad fiscal) y la apatía con la que el Poder Ejecutivo enfrenta esta situación.

El ejemplo más reciente es tal vez la aprobación de un séptimo retiro de fondos de las AFP sin que haya habido esfuerzo alguno por parte del Ministerio de Economía (MEF) para detenerlo. Porque una cosa es saber que se está peleando con pocas probabilidades de ganar y otra es ni siquiera dar la batalla. El argumento de que “se había aprobado por gran mayoría” es vergonzoso y sinónimo de flojera.

Y este es solo un ejemplo. Según información del Instituto Peruano de Economía (IPE), una de cada cuatro leyes es aprobada por insistencia por el Congreso. Significa que, habiendo sido observadas o contando con opinión negativa del Ejecutivo, el Congreso ha decidido hacer caso omiso de dicha opinión e ir adelante con la promulgación de las normas en cuestión.

Así, tenemos como consecuencia leyes que afectan el equilibrio fiscal porque generan gastos al Estado; leyes que deterioran el ambiente de inversión; leyes que responden a intereses particulares y afectan el bienestar general.

Una rebaja en la calificación significa que nos hemos vuelto menos atractivos para la inversión; que nuestro costo de endeudamiento será más alto y eso afectará también a quienes dentro del país requieran tomar un préstamo. Significa que nos costará mayor esfuerzo el alcanzar tasas de crecimiento más elevadas, necesarias para generar empleo y reducir la pobreza. Ese es el precio que estaremos pagando por tener el Congreso y el Ejecutivo que tenemos: uno sacando leyes nefastas, el otro permitiéndolo.

De las opiniones expresadas en diversos artículos, pareciera que corresponde al MEF toda la tarea de frenar el espíritu populista y mercantilista del Congreso (y también del Municipio de Lima). Esto ha sido usualmente así, pero con un MEF fuerte que sabía argumentar e imponerse. Si tuviéramos un gobierno con cierta claridad de ideas, debería haber otros actores en el Ejecutivo respaldando al MEF. Y eso no se está viendo. La impresión es que el resto del Ejecutivo está más alineado con las iniciativas que debería estar combatiendo que del lado de la prudencia fiscal y el buen manejo de las cosas. No se trataría solo de un gobierno débil, como reconoció el propio Arista, sino de uno que tiene las ideas equivocadas. Así, no hay tanta distancia entre el Congreso y el Ejecutivo. Si no, recordemos el discurso antiminero de la entonces vicepresidenta en Davos.

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