“Ahora que ha salido una resolución judicial de una sala constitucional que concede el amparo a los magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez, pretenden desconocer la autoridad que tiene la justicia constitucional”. (Foto: P21)
“Ahora que ha salido una resolución judicial de una sala constitucional que concede el amparo a los magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez, pretenden desconocer la autoridad que tiene la justicia constitucional”. (Foto: P21)

Por sus actos de ignominia contra el país, parecería que hace tiempo tenemos delincuentes y no congresistas en el Parlamento. Son buenos para destruir la institucionalidad del país y buscar impunidad, como modificar el Art. 100 de contrabando.

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Ahora que ha salido una resolución judicial de una sala constitucional que concede el amparo a los magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez, pretenden desconocer la autoridad que tiene la justicia constitucional, que justamente está para proteger la vulneración de derechos fundamentales y cualquier ciudadano puede interponer una demanda para protegerse del abuso, sobre todo, de autoridades que muchas veces, premunidas por el poder que ostentan, cometen abusos.

Inmediatamente han salido furibundos los congresistas a desconocer el mandato judicial, al extremo de que se ha emitido un documento a nombre del Congreso, expresando su rechazo y un evidente desacato a la resolución que concede el amparo a los dos integrantes de la JNJ, que fueron sancionados irregularmente por este Congreso. Con groseros errores y abuso de autoridad al forzar una sanción y permitiendo que voten miembros de la Permanente. Ni siquiera pudieron hacer el cálculo de los 2/3 de votos que se requería para la sanción, en el supuesto negado de integrar a dos miembros de la Permanente; cuestión de aritmética simple.

Y son tan necios los congresistas que se desgañitan tratando de justificarse en que no debe haber intromisión del sistema de justicia en las decisiones parlamentarias, aludiendo inclusive a pronunciamientos del actual Tribunal Constitucional, que, a pesar de los cuestionamientos, deja clara la diferencia entre un “acto político puro” y la afectación de un derecho fundamental, como la excepción a la regla, donde el “control judicial del acto político es plenamente válido” (Exp. 00003-2022-PCC/TC).

Esta vez les salió el tiro por la culata a los malditos de la Plaza Bolívar, porque, para su mala suerte, es la JNJ la que tiene que acatar la resolución judicial; por ende, los magistrados Tello y Vásquez continúan en función. Un dato más: aquí no puede intervenir el TC, porque primero se tendría que apelar a una instancia superior de Justicia y de ahí recién tendría competencia el TC, cuando seguro ya habrán cumplido su periodo los magistrados de la JNJ, que se van este año.

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