[OPINIÓN] Richard Arce: “Una sanción trucha”

Parecería que el Congreso se ha salido con la suya, con la suspensión de dos magistrados de la Junta Nacional de Justicia, pero la desesperación de consumar su venganza los ha desnudado en sus intenciones subrepticias y, además, han cometido faltas y groseras infracciones constitucionales en la votación, porque requerían 67 votos para lograr su cometido y para ello se han zurrado en la propia Constitución y el Reglamento del Congreso, permitiendo que los miembros de la Comisión Permanente voten en el Pleno, con el pretexto de que tenían un acuerdo de Junta de Portavoces.

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Es simple. El artículo 100 de la Constitución establece enfáticamente que, para suspender o inhabilitar a un funcionario acusado, se hace sin la participación de los miembros de la Comisión Permanente y el artificio de interpretar que, porque no votó en la comisión puede hacerlo en el Pleno, es ilegal.

La realidad es que es irregular e ilegal la sanción contra la magistrada Tello y la de Aldo Vásquez. Recuerden que tuvieron que realizarlo con un proceso de reconsideración, donde nuevamente votaron algunos miembros de la Comisión Permanente, lo que genera una nueva ilegalidad. Procede que los magistrados presenten sus demandas de amparo, por la eminente violación al debido proceso.

Lo concreto es que el Congreso va a seguir sancionando a los otros magistrados de la Junta Nacional de Justicia. Por eso suspendieron la sesión, porque se dieron cuenta de que no tenían los votos y sobre todo se evidenciaron con la ilegalidad de la votación; entonces, necesitan tiempo para continuar con sus actos de ignominia, que tienen un claro objetivo de venganza por la suspensión de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, porque están desesperados por las investigaciones fiscales abiertas, que no solo va a ser a los 14 congresistas ya investigados, sino que hay varios que confirmaron las incriminaciones que tienen.

Lo paradójico de todo este zafarrancho del Congreso es que el personaje en mención, para la votación ilegal en el Pleno, es Luna Gálvez, congresista que para la Fiscalía es el presunto cabecilla de la organización criminal Los Gánsters de la Política. Si no, recuerden que estaba con detención y tuvo que pedir autorización para juramentar y en ese mismo momento recuperó su libertad.

Estamos en una crisis política profunda y, a todo ello, la presidenta Boluarte brilla por su ausencia. Nos ha dejado en orfandad a merced de un Congreso que tiene hasta delincuentes y están destruyendo la institucionalidad del país.

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