Martin Naranjo: “Más que al sistema, este delito afecta a los ciudadanos y sus familias”

Muchos ciudadanos piden préstamos para cubrir sus necesidades. ¿Por qué optan por uno informal?

En algunos casos es por desconocimiento de las alternativas que brinda el sistema formal. En otros, los prestamistas informales van hasta donde está cada persona y les prestan con mucha rapidez.

¿Tal vez falta visibilizar los mecanismos para acceder a préstamos formales?

En el mercado peruano formal hay 17 bancos, 12 cajas, 19 instituciones de microfinanzas y un número mayor aún de cooperativas. Visibilizar los mecanismos para acceder a productos requiere un esfuerzo comercial importante. Pero, más que incrementar este esfuerzo, el gran déficit que tenemos en el Perú es de educación financiera.

Muchos no ven en los bancos una opción confiable para obtener un crédito. ¿Por qué la desconfianza?

Uno naturalmente puede desconfiar de aquello que no conoce. Las billeteras digitales, que ya son utilizadas masivamente, son herramientas que han impulsado el avance en inclusión financiera. Además de facilitar los pagos, ayudan a que las personas generen historial de comportamiento. Esto les dará cada vez más acceso a financiamiento seguro y regulado.

Según IPE, al menos 580 mil familias (8% de los hogares urbanos) en 2022 recibieron un crédito informal de un prestamista o casa de empeño en el último año. ¿Qué falta para incluir a más personas en el sistema financiero formal?

Además de la educación financiera, que probadamente mejora la inclusión, la tecnología también ayuda mucho. Para incluir a más personas en la formalidad, es importante que se eviten las medidas antitécnicas que, aunque se hagan con buena intención, resultan perjudiciales para las personas. La fijación de topes a las tasas de interés es un ejemplo de medida que ha hecho daño. Ha excluido a las personas y las ha empujado a recurrir al mercado informal, que es mucho más caro e inseguro.

¿Cómo afecta el ‘gota a gota’ al sistema formal?

Más que al sistema, el ‘gota a gota’ afecta a los ciudadanos y a las familias. Son extremadamente caros si se les compara con el sistema formal, y ponen en peligro a las personas. Una de cada tres personas que se atrasó en un pago de uno de estos créditos recibió violencia o amenazas.

¿En el Congreso hay proyectos de ley que busquen frenar el avance del ‘gota a gota’? Si es así, ¿hay opciones de mejora?

Algunas de las propuestas se orientan a incrementar penas. Esto no resuelve el problema. Lo mejor que pueden hacer nuestros legisladores es escuchar a los técnicos y a las instituciones especialistas.