Al margen de la buena intención del Ministerio de Defensa para asumir la asesoría legal de los militares procesados por presuntas violaciones a los derechos humanos, ese sector "se está metiendo en una camisa de once varas" porque le será sumamente complicado cumplir con los objetivos de esta medida. Así lo advirtió el experto en derechos humanos y ex secretario general de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Javier Ciurlizza, quien enfatizó que el Ministerio de Defensa se sitúa en el lugar de un juez porque, para aprobar que un abogado lleve un caso, deberá determinar la inocencia del militar.
"La presunción de inocencia es una garantía constitucional que solo un magistrado puede definir", aclaró, tras preguntarse qué criterios podría aplicar dicha cartera para dar luz verde a una solicitud de defensa.
Incluso, estimó que un militar o policía, si su expediente fuera rechazado, podría demandar al Estado por discriminación y exigir que se le aplique el decreto supremo que dispone la asesoría legal para los acusados de delitos de lesa humanidad.
"El ministerio se está complicando la vida. Lo que debió hacer es fortalecer el Sistema Público de Defensa", remarcó, luego de calificar la norma como "desigual" para con las víctimas e "inconveniente".
MÁS RIESGOS
. Para el director ejecutivo de la Comisión Andina de Juristas, Enrique Bernales, la medida es "normal" y "justificable", aunque admitió que existe el riesgo de que malos militares intenten, mediante argucias, acceder a la defensa del Estado.
A todo esto, el ministro de Defensa, Allan Wagner, volvió a salir ante la prensa para explicar la decisión del Gobierno. Señaló que se trata de un aporte para el proceso de reconciliación nacional. En el programa Mesa Central,de TV Perú, insistió en que, al individualizarse las responsabilidades, se logrará que la "justicia sea justicia".
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