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Un nuevo escándalo sacude los cimientos de la Marina de Guerra del Perú. Una investigación periodística ha puesto en evidencia que se está vendiendo información de la Dirección de Inteligencia de la Marina (Dintemar) a consultoras privadas de seguridad. Lo grave es que los responsables de esta irregularidad serían los propios agentes de Inteligencia de la institución castrense.

La investigación de La ventana indiscreta identifica al capitán de corbeta AP Carlos Daniel Barba Daza, quien labora en la Dintemar, como el agente que, paralelamente, ha prestado servicios a las empresas de seguridad privadas Grupo Atenea y Andrick Service, ambas conformadas por ex marinos.

También quedó demostrado -según el reportaje- que la empresa privada Grupo Atenea le encargó una misión específica al agente de Inteligencia Barba Daza para que estableciera una red de información, en el interior del país, con el fin de salvaguardar los intereses de la compañía Repsol YPF en el lote-57.

Una serie de correos electrónicos entre el oficial de Marina y el gerente de la consultora, Luis Mejía Basurco, demuestran el vínculo, pese a que el primero lo negó, mientras que el segundo cambió de versión sobre este tema, hasta en tres oportunidades, en menos de 10 segundos. El referido capitán de corbeta, de acuerdo con la indagación periodística, "sería el nexo de la consultora Grupo Atenea con otros agentes de Inteligencia de la Marina capaces de procesar la información solicitada por Repsol".

Se sabe, asimismo, que Barba Daza ha tenido vínculos con la consultora Andrick Service, fundada por el ex marino Erick del Águila, la misma que recibe notas de Inteligencia que tienen el carácter de "reservado" sobre los estudios de contaminación ambiental llevados a cabo por las diferentes Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

INVESTIGACIÓN EXHAUSTIVA.

La indagación concluye que esta práctica no solo es ilegal e inmoral, sino que pone en riesgo la seguridad del Estado. Así lo ha entendido la propia Marina de Guerra, que -en horas de la noche- emitió un comunicado tras largas horas de deliberaciones en la Comandancia General.

Dicho comunicado anuncia la adopción de dos medidas en aras de la transparencia y del prestigio institucional: el relevo inmediato del cargo del personal involucrado en la denuncia y la realización de una exhaustiva investigación por parte de la Inspectoría General de la Marina.

Según sostiene este pronunciamiento, el personal mencionado en el informe periodístico "estaría involucrado en actividades ajenas a su función y a las reglamentaciones vigentes".

Una fuente de la Marina reveló que, por el momento, el único oficial relevado es el capitán Barba Daza, y que se espera que la Inspectoría concluya sus indagaciones para determinar qué otros miembros de la institución están comprendidos.

Cabe precisar que la decisión de relevo solo constituye una medida preventiva, que no implica el pase a retiro ni la suspensión del oficial, sino que solo se le está trasladando de sede de trabajo.

En horas de la mañana, el ministro de Defensa, Allan Wagner, había adelantado, en una entrevista radial, que la Marina procedería a separar al oficial y que se ordenaría una investigación interna. Añadió que, de acuerdo con el desarrollo de las indagaciones, si se identifica a más personas vinculadas con este delito, serán igualmente sancionadas.

"No puede haber ningún tipo de contemplaciones ni exageraciones, porque aquí no solo está en juego el prestigio de la Marina de Guerra del Perú sino la seguridad del Estado", puntualizó.

El ex ministro y actual congresista David Waisman informó que el lunes próximo, a primera hora, presentará un oficio al presidente de esta comisión, Luis Gonzales Posada, para que se programe una agenda de citaciones a todos los comprometidos en el tema. Agregó que el rol debe incluir también al ministro Wagner y al comandante general de la Marina, Eduardo Darcourt Adrianzén.

"Vamos a ver si Wagner quiere responder esta vez, porque hace tiempo le estoy pidiendo información y no me atiende", enfatizó.

La legisladora de UPP Karina Beteta coincidió también en la necesidad de que la Comisión de Defensa investigue el tema, e incluso sugirió que, para el caso, podría designarse una subcomisión especial.

"Esto es gravísimo. Aquí puede haber, incluso, una traición al país y a la Marina porque las informaciones de Inteligencia, que son secretas, no tienen por qué revelarse a particulares. Algo está sucediendo y el Gobierno tiene que poner mano dura para corregir estas irregularidades", recalcó.