Un sorpresivo viraje dio anoche el tema del escándalo que envuelve a la Marina por la venta de información de su Dirección de Inteligencia. La ampliación de las investigaciones periodísticas demostró que las Fuerzas Armadas conocían el paradero de los cabecillas de los remanentes senderistas.
Un informe de Cuarto poder demostró que la filtración de información de inteligencia naval incluye fotografías satelitales sobre narcoterrorismo en las zonas de Satipo, Mazamari, Pangoa y los valles de los ríos Apurímac y Ene, donde se encuentra el llamado sector cinco controlado por Sendero Luminoso.
En las fotografías se observa la base de los terroristas, así como las trochas y puntos de ingresos. También se detallan las latitudes exactas y las proyecciones digitales donde se encuentran los cabecillas Alipio, Olga, Joel y El Flaco.
Esta información -según la investigación periodística- está en manos de las instituciones castrenses desde agosto del año pasado y, hasta la fecha, no se ha hecho nada por detener a los terroristas.
DISPUTA EN EL CONGRESO.
El tema, sin embargo, parece ser una presa que todos se disputan en el Parlamento. Ayer, los congresistas nacionalistas José Urquizo y Carlos Cánepa, miembros de la Comisión de Inteligencia, afirmaron que este grupo de trabajo debe ser el único encargado de investigar este tema y que deberían inhibirse de hacerlo las comisiones de Defensa y de Fiscalización.
Sobre este tema se pronunció el sacerdote Marco Arana, directivo de la ONG Grufides y víctima de seguimiento clandestino. Arana, dijo a este diario que lo descubierto por La ventana indiscreta revela un presunto acuerdo secreto entre los servicios de inteligencia del Estado y compañías de seguridad para que los primeros apoyen a las segundas con información a cambio de dinero. "Los altos mandos de la Marina no podían desconocer estos hechos", manifestó.
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