La decisión del Ejecutivo de otorgar a los presidentes de los reguladores (Osiptel, Osinergmin, Ositran y Sunass) facultades plenas para decidir la contratación o despido de sus gerentes traerá más problemas que beneficios.
El Decreto Supremo 046-2007-PCM, publicado el fin de semana, suscrito por el premier Jorge del Castillo y por el jefe de Estado, Alan García, establece que, en adelante, los consejos directivos de los organismos reguladores solo serán informados de la decisión de contrataciones que tome el presidente.
La aplicación de esta disposición ha sido inmediata en Osiptel. Su titular, Guillermo Thornberry, despidió el lunes al gerente general Jaime Cárdenas, quien prestó servicios por siete años en la institución, y nombró en su lugar a Alejandro Jiménez, ex marino que se desempeñó como director ejecutivo del programa Juntos, quien llegó recientemente al Osiptel como asesor de Thornberry.
Por el cambio en los reglamentos generales y por el despido de Cárdenas, tres de los cuatro directores de Osiptel presentaron sus renuncias irrevocables. José Távara, Raúl Pérez Reyes y César Fuentes se apartaron del organismo, dejando solo a Thornberry. Todavía está vacante el puesto del representante de la sociedad civil.
Osiptel se encarga de promover y regular el sector de telecomunicaciones, y entre una de sus tareas actuales pendientes figura la determinación del factor de productividad, mecanismo que permite ajustar las tarifas del servicio de telefonía fija que brinda Telefónica.
MUCHO PODER.
Los funcionarios renunciantes argumentaron que la nueva norma debilita el diseño institucional y lleva a un retroceso al modelo de la década pasada, cuando el poder se concentraba en pocas personas.
Consideraron que se compromete la estabilidad de los reguladores, pues se le permite al presidente decidir la permanencia de los gerentes a su libre albedrío.
Esta situación, afirmaron, podría generar que los funcionarios den prioridad a tener una buena relación con el presidente antes que incentivar un buen desempeño de carrera, es decir, méritos, excelencia profesional y ética en el servicio público.
Opinaron que se presenta el riesgo de debilitamiento de los consejos directivos, lo que compromete la autonomía del regulador y lo hace vulnerable a presiones políticas.
Hasta el momento, en los demás organismos reguladores no se han producido cambios en aplicación de la norma del Gobierno, pero se sabe que en los últimos días hubo renuncias por otras ofertas laborales y de estudios en el extranjero.
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