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Todo indica que el Congreso le pondría luz roja a la reciente compra de 698 patrulleros chinos por parte del Ministerio del Interior (Mininter). Así lo anunció el congresista Carlos Bruce, flamante vocero de la bancada de Alianza Parlamentaria quien, haciendo eco de las observaciones planteadas por Perú.21, adelantó ayer que la oposición exigirá que la Comisión de Fiscalización investigue el proceso de subasta inversa llevado adelante por el Mininter y que, según voceros del Gobierno, habría supuesto un ahorro de 11 millones de soles.

Para Bruce "se nota un altísimo índice de corrupción en esta segunda licitación, que huele peor que la anterior y que debió haberse hecho con toda transparencia debido a los antecedentes (en la frustrada compra anterior)". Y añadió que, en su concepto, la responsabilidad podría alcanzar al ministro Luis Alva Castro. Esa investigación se sumaría a la que iniciará la Contraloría en los próximos días.

Se trata de las mismas objeciones que evidenció este diario en sus ediciones del 26, 27 y 28 de julio último. De ahí que el pregonado ahorro no sería tal, pues cada patrullero equipado terminaría costándole al Estado entre US$14,250 y US$24,000. Este último precio, superior al acuerdo que se alcanzó con la cuestionada empresa Gildemeister que, tras el escándalo que concluyó con la salida de la ministra Pilar Mazzetti, ofreció vender cada patrullero equipado en US$22,500.

Como se sabe, el consorcio Daewoo International Corporation-Gun Supply SAC quedó como único participante luego de que el otro postor, formado por Cojapan E.I.R.L. y Transportes 77, fuera rechazado porque no presentó el certificado de registro como proveedor del Estado de esta última compañía.

No poseía ese documento porque Cojapan no tenía ninguna relación con la verdadera empresa Transportes 77, lo que se desprende de una carta notarial enviada por Backus al Mininter denunciando el engaño.

Este diario conversó con el gerente de Cojapan, Liang Zhang Guo, quien dio una versión poco verosímil. Este ciudadano chino dijo que un amigo suyo, llamado Fernando, le aseguró que tenía un contacto en Transportes 77, de nombre Martín, y que esa compañía quería presentarse junto con la suya a esta licitación. Por ello, "preparé la carta de promesa del consorcio con el nombre del gerente de Transportes 77, que saqué de Internet, y la presenté a la licitación, pero no falsifiqué la firma de nadie", alegó.

Al pedírsele los apellidos de Fernando y Martín, aseguró que "no los sabía". Ello arroja más sombras sobre el proceso.