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MADRID/ BUENOS AIRES.

Un juez de la Audiencia Nacional española ordenó en la noche de hoy la libertad provisional de la ex presidenta argentina María Estela Martínez, viuda del general Juan Perón y conocida como Isabel Perón, quien había sido detenida horas antes por requerimiento de la justicia argentina.

La causa por la que había sido arrestada gira en torno a la desaparición del ciudadano argentino Héctor Aldo Fagetti Gallego, detenido y desaparecido días antes del golpe militar que la apartó del poder en 1976.

Según informaron medios españoles, dada la edad de la acusada, 75 años, el juez de guardia en la Audiencia Nacional, Juan Del Olmo, consideró que no existen riesgos de fuga y ordenó que la ex presidenta argentina se presente cada catorce días a la Justicia, hasta tanto se decida su posible extradición al país de origen.

El magistrado decretó la libertad en base al principio acusatorio que impide imponer una medida cautelar que sea más grave que la solicitada por la acusación, en este caso el Ministerio Público, añadieron los medios locales.

En la Audiencia Nacional española, a donde fue llevada tras su detención -efectuada alrededor de las 20:00 horas (19:00 GMT) en la vivienda de Isabel Perón en las afueras de Madrid- Del Olmo informó a la acusada sobre los hechos por los que se la acusa y le preguntó si accedía a ser extraditada, a lo que ésta contestó negativamente.

Entre España y Argentina existe el denominado procedimiento de extradición simplificada, por lo que si la detenida hubiera accedido a ser extraditada, la entrega se hubiera producido de inmediato.

Dada la negativa de Isabel Perón, se pone en marcha el procedimiento ordinario de extradición, con un plazo de cuarenta días para que las autoridades argentinas presenten la petición formal de entrega y la documentación pertinente.

El procedimiento puede dilatarse durante meses e incluso, aunque la Justicia española decida extraditarla, el hecho debe ser autorizado en última instancia por el Consejo de Ministros.

El pedido de detención fue emitido el jueves por el juez argentino Raúl Acosta, quien considera que la desaparición de Fagetti Gallego fue avalada por la firma de tres decretos presidenciales en 1975 que habilitaron a las Fuerzas Armadas a "aniquilar el accionar de los elementos subversivos", lo que implicaría una acción de terrorismo de Estado.

Los mencionados decretos fueron utilizados por las Fuerzas Armadas que derrocaron a Isabel Perón el 24 de marzo de 1976 para justificar las acciones violentas durante la dictadura (1976-1983). Según datos oficiales, 18.000 personas desaparecieron en ese período, pero organismos de derechos humanos hablan de hasta 30.000 desaparecidos.

En declaraciones a la prensa argentina, Acosta remarcó que Isabel Perón está acusada de privación ilegal de la libertad y que se trata de un delito no excarcelable. Isabel Perón está acusada también por el secuestro y la aplicación de torturas al menor Jorge Verón.

Paralelamente, otro juez, Jorge Oyarbide, está investigando los vínculos de Isabel Perón con los escuadrones de la muerte conocidos como la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), que operaron durante su gobierno. Oyarbide no descartó citarla a declarar y remarcó que se trata de delitos de lesa humanidad que no prescriben.

Por su parte, la Confederación Intersindical Gallega (CIG) solicitó hoy al juez español Baltasar Garzón que antes de que se concrete una extradición, la ex presidenta sea interrogada por los crímenes cometidos por la Triple A, informó la agencia oficial de noticias argentina Télam a través de su corresponsal.

"Instamos al juez Garzón a que aproveche esta oportunidad histórica para investigar e imputar a Isabel Martínez de Perón como máxima responsable política de los crímenes cometidos por la Triple A", afirmó a Télam Fermín Paz Lamigueiro, miembro de la Ejecutiva confederal de la CIG.

El Movimiento Argentinos en el Exterior se sumó al pedido elevado a Garzón para que Isabel Perón sea llamada a declarar en relación a estos hechos. Este pedido "no pretende impedir que los responsables de los crímenes cometidos por la Triple A sean extraditados a la Argentina para ser juzgados", aclaró a Télam Lois Pérez Lleira, coordinador de la organización.

"El objetivo es que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos" en la causa que se sigue en España contra los crímenes de la dictadura y que está a cargo de Garzón, agregó.

Para Pérez Lleira, Garzón -quien interrogó a Isabel Perón en 1997- "se equivocó cuando desestimó la posibilidad de investigar los crímenes anteriores a 1976".

La viuda de Juan Domingo Perón estableció su lugar de residencia en España tras ser liberada por los militares que la derrocaron. Hoy, mientras la ex presidenta se encontraba en la Audiencia Nacional de Madrid, un grupo de hijos de desaparecidos argentinos se congregó frente al edificio para celebrar su detención.

Fuente: dpa