La táctica de responder una denuncia -sobre corrupción, por ejemplo- atacando a la reputación del que la formula y, peor aún, de los medios que tienen la obligación de dar cuenta de ella, es antigua, pero en el Perú se ha fortalecido seguramente como consecuencia de varios años en que la teoría de la conspiración funciona como la explicación más recurrente en la política nacional.
Eso es lo que ha sucedido con la denuncia realizada por el actual ministro de Agricultura, Ismael Benavides, sobre irregularidades que supuestamente se habrían cometido durante la gestión de su antecesor, Juan José Salazar.
Lo particular de esta denuncia es que, además de involucrar a la controvertida familia Sánchez Paredes, la formula un integrante del gabinete que no suele estar relacionado a movidas políticas, y que se refiere al desempeño de un ahora ex ministro del mismo gobierno, lo cual es inédito en un régimen en el que la voluntad de apapachar al compañero en problemas es frecuente y clamorosa.
Las evidencias de lo anterior saltan a la vista. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre el desempeño en el Congreso de Tula Benites y Elsa Canchaya? ¿O en el lío de la compra de patrulleros entre Luis Alva Castro y Pilar Mazzetti? La única explicación para el respaldo del gobierno a los primeros es que estos son apristas y los otros no.
Por conductas como esa es que no sorprenden las reacciones de varios políticos e, incluso, de algunos periodistas, ante la denuncia del ministro Benavides. Antes de indagar sobre el fondo del tema, es decir, la decisión gubernamental cuestionada, se abunda sobre el supuesto objetivo político detrás de la denuncia, encontrándose -siempre- una segunda intención que no tiene nada que ver con la irregularidad identificada.
Lo que debe investigarse en este caso, al igual que en varios otros denunciados recientemente en diversos sectores del gobierno, es la eventual falta cometida, con independencia de la vinculación política del responsable. Y, también, la fragilidad creciente que exhibe el sistema de compras en el Estado.
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