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El presidente Alan García hizo un llamado el martes pasado a las empresas mineras y de energía a invertir en el Perú, al tiempo que invocaba a superar los obstáculos burocráticos a la inversión. Loable intención. Pero la realidad es que la inversión en minería no está creciendo al ritmo que podría hacerlo y las metas que se trazó el Gobierno al inicio de su gestión, entre diez y quince mil millones de dólares en el período, podrían no cumplirse.

Es más, algunos inversionistas extranjeros y nacionales están buscando otros países donde colocar sus capitales.

Las dificultades son básicamente políticas. Los movimientos antimineros están ganando batallas y la minería está a la defensiva y, a veces, en retirada. Un hito es lo que va a ocurrir el domingo 16 de setiembre, cuando los antimineros pretendan realizar un referéndum en algunos distritos de Ayabaca y Huancabamba, Piura, para impedir que continúen las exploraciones de la minera Majaz.

Si logran su propósito, esa victoria no solo hará muy difícil la continuación de ese proyecto minero, sino que podría ser replicada en otros lugares con consecuencias nefastas para la minería y el desarrollo del país.

MINERÍA INFORMAL.

Es importante precisar que los antimineros se oponen principalmente a la gran minería. Es decir, a empresas con alta tecnología que impactan de la mejor manera posible el medio ambiente, que pagan salarios razonables a sus trabajadores y tributan miles de millones al fisco y a las regiones.

Los antimineros plantean siempre falsas disyuntivas, como minería o agricultura. Sostienen que ambas no pueden convivir en el mismo espacio, y que la gran minería siempre contamina y, además, quita el agua a los campesinos.

Pero lo que no dicen es que cuando logran un triunfo y logran echar o paralizar a una gran empresa, lo que ocurre es que aparecen los mineros artesanales o informales, que ocupan el espacio dejado por las empresas.

Los informales no tienen ningún control, ni la más mínima consideración por el medio ambiente, ni pagan impuestos. Trabajan en condiciones precarias y echan materiales contaminantes a los ríos sin cuidado alguno.

Controlar a la minería informal es muchísimo más difícil que a una gran empresa. Los informales son ilegales y cuando los pobladores o las autoridades quieren frenarlos, reaccionan con violencia y se enfrentan a la policía. Eso ocurrió, por ejemplo, en junio pasado, en Cerro el Toro, en Huamachuco, La Libertad, donde, además, el trabajo de los niños es cosa común.

La minería informal ha sentado sus reales igualmente en el distrito de Ingenio, en Nazca; en Algamarca, Cajabamba, y varios otros lugares.

En Puno, los pobladores de Azángaro hicieron un paro en julio contra la minería informal. Muy tarde. La zona de La Rinconada y Ananea está ocupada por más de treinta mil personas dedicadas a la minería informal, que contaminan la cuenca del río Ramis. Es una región sin orden y sin ley.

Junto a la minería informal prolifera la trata de personas. Según la ministra de la Mujer, unos 5,000 niños son explotados allí. Además, en unos cien bares prolifera la prostitución infantil.

El padre Marco Arana y otros de sus colegas, tan preocupados por los problemas morales que ha traído la minería en Cajamarca, nunca han dicho una palabra sobre la situación de Puno, por ejemplo.

En suma, cuando los antimineros logran paralizar o expulsar a una empresa formal, no es que estén cambiando minería por agricultura. Casi siempre lo que hacen es propiciar la minería informal e ilegal que trae contaminación y abusos, sin ninguna de las ventajas de la minería legal.

EL DESAFÍO DE MAJAZ.

Es verdad que las empresas mineras han cometido muchos errores en la relación con las comunidades circundantes. Y, aunque parezca increíble, luego de varios años algunas no aprenden todavía. También es cierto que el Estado no ha tenido la decisión y la eficacia para hacer cumplir normas ambientales o laborales, como lo muestran los casos de Doe Run o Casapalca.

En el caso de Majaz, un proyecto que empezó a desarrollarse en el 2003, los antimineros han hecho campaña desde el comienzo, logrando movilizar a los pobladores de la región muchas veces con argumentos falaces.

Por ejemplo, hicieron creer a la población de la vertiente occidental de la cordillera que sus aguas iban a ser sustraídas y contaminadas, cuando el yacimiento está ubicado en la vertiente oriental.

El punto es que hoy en día los antimineros han logrado convencer a la mayoría de la población aledaña, que la minería es nociva. Y en ese contexto, varios alcaldes pretenden realizar un referéndum, que califican de democrático.

En realidad, no tiene nada de democrático:

Primero, lo convocan cuando quieren y donde quieren. Es decir, en las zonas que saben que van a ganar y en un momento en el que ellos se han impuesto en la batalla de las ideas.

Segundo, ellos plantean las preguntas de la manera que les parece y que les conviene.

Tercero, no ha habido difusión de las ventajas y desventajas del proyecto minero. Lo único que ha habido es propaganda de un solo lado.

Cuarto, ellos controlarán las mesas de votación, a los sufragantes y contarán los votos. El círculo perfecto para obtener 98 por ciento o más.

Así cualquiera gana. Y esto está siendo presentado como la encarnación misma de la llamada democracia directa, que según ellos es mejor que la democracia representativa.

LA POLÍTICA.

Un problema real es que los antimineros han hecho su trabajo casi sin oposición. Las autoridades les tienen miedo y se pliegan a sus posiciones. Los políticos también. Un caso flagrante es el de los congresistas apristas por Piura, Johny Peralta y José Carrasco Távara, que atacan a la minería. De nada sirve que el presidente García diga otra cosa. Ni los de su propio partido le hacen caso.

Allí hay un problema grave. Las empresas aducen, con razón, que ellas no pueden ni deben intervenir en política.

Los antimineros son una coalición muy amplia, que incluye políticos izquierdistas, ambientalistas, obispos y sacerdotes católicos, ONG nacionales e internacionales.

No se trata, por cierto, de reprimirlos o impedirles hablar. Están en su derecho. Si hasta políticos mentirosos, demagogos y corruptos tienen la prerrogativa de hablar y engañar, a nadie se le puede negar la potestad de expresar sus ideas.

El asunto es derrotar esas ideas equivocadas, ganar los corazones y las mentes de la gente, demostrando las ventajas de la minería responsable.