Hace tres años, escribí una columna -con el mismo título de esta- que criticaba la actitud de varios políticos peruanos que le reclamaban al gobierno de Alejandro Toledo que resolviera la toma de la comisaría de Andahuaylas del mismo modo como Vladimir Putin suele solucionar las crisis de rehenes, sin interesarle las vidas, empezando por las de los propios inocentes.
Lamentablemente, los seguidores del presidente ruso en la política peruana siguen dando motivos para la comparación.
¿En qué se parecen el gobierno de Rusia -así como los de Venezuela y Cuba- al del Perú? En que todos ellos andan persiguiendo a las ONG, lo cual constituye una expresión inequívoca de intolerancia frente a la posibilidad de la discrepancia.
Algunos integrantes del gobierno aprista, como el presidente Alan García, el ministro Rafael Rey o el congresista Mauricio Mulder, tienen una fobia absurda a las ONG, las cuales no son más que una forma de asociación bajo la cual existe un sinnúmero de organizaciones de distinto color, objetivo y actividad.
Esta es una actitud tan irracional como estar en contra del concepto de la empresa o del gobierno. De ambos hay ejemplos buenos y malos, como también ocurre con las ONG.
Al margen de la coincidencia o discrepancia que se pueda tener con las actividades de una ONG específica, lo relevante acá es la defensa cerrada por la libertad de asociación de los ciudadanos para que, dentro del marco constitucional, puedan desarrollar sus ideas.
Sin embargo, el gobierno -junto con el fujimorismo y una parte de Unidad Nacional- dio una ley que modificó las funciones de la APCI para darle la facultad de ejercer un control político de las ONG que va más allá de la verificación de la transparencia de sus actividades que ya estaba contemplada en las normas previas.
Con ello, el gobierno obtuvo garras legales para restringir eventuales objeciones en ámbitos como los derechos humanos, la corrupción, la transparencia en el sector público o el medio ambiente. En consecuencia, el Tribunal Constitucional debe observar esta ley por antidemocrática.
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