Peru21.pe

Aunque lo quiera negar la reacción fingidamente optimista de Alberto Fujimori y de sus seguidores, la decisión de la Corte Suprema de Chile de extraditarlo por dos casos de violación de derechos humanos y cinco de corrupción constituye, sin duda, un gran triunfo del país.

No de todos, por cierto, pues la verdad es que los gobiernos de turno y la mayoría de partidos políticos hicieron muy poco para lograrlo.

Sí, en cambio, de un puñado valiente de jueces, fiscales, procuradores y activistas de derechos humanos y anticorrupción -de esas ONG que tanto odia el presidente Alan García- a los que el Perú les debe mucho y que, con frecuencia remando a contracorriente, consiguieron lo que la mayoría pensó que era imposible: traer a Fujimori para que enfrente a la justicia nacional, como corresponde, por cargos gravísimos que podrían llevarlo a prisión por más de tres décadas.

La decisión valiosa de la justicia chilena desbarata varias mentiras difundidas durante los últimos años. Una es que los expedientes de extradición estaban mal hechos. Estos han permitido, sin embargo, que la Corte Suprema de Chile concluya -por unanimidad- sobre la participación de Fujimori en las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, y sobre otros delitos de corrupción de marca mayor.

Otra mentira es que su viaje sorpresivo a Santiago de Chile era una nueva expresión de la supuesta genialidad estratégica de Fujimori. Pero el fallo anunciado ayer constató que salir de Tokio fue una metida de pata colosal que después quiso subsanar con una postulación ridícula al senado japonés. Sin Montesinos al lado, Fujimori no da pie con bola. De supuesto estratega, acabó convertido en un travesti de la nacionalidad que avergüenza al país.

Ahora deberá verle la cara otra vez a Montesinos pero en un careo judicial en el que este podría acabar de hundirlo. Seguramente buscará evitarlo vendiendo -literalmente caro- su silencio sabiendo que dinero no es lo que le falta a su ex socio que, sospechosamente, ayer fue muy cauteloso cuando se refirió a él.

Así pues, en contra de la mayoría de pronósticos, Fujimori vuelve al país, planteándole un desafío complejo al gobierno del presidente Alan García, pues lo confronta con la posibilidad de -si este se comporta con decencia- quebrar la muy cordial vinculación del aprismo con el fujimorismo desde los tiempos de la campaña electoral. Ahora, los seguidores del ex presidente van a querer cobrar el cheque político que han ido engordando en los últimos años en la cuenta aprista.

A pesar de ello, el gobierno no debe involucrarse en ninguna componenda aun cuando, si actúa de ese modo, va a ser amenazado tanto en el Congreso como en el terreno de los bajos fondos, del chantaje y de la amenaza, donde algunos fujimoristas se mueven con destreza.

Sin duda, el ambiente político se va a remecer por la presencia de Fujimori en el país, lo cual llevó a varios a defender -incluso de buena fe- la inconveniencia de que lo traigan pues ello produciría una perturbación de la estabilidad que necesita el país para progresar.

Esto es, sin embargo, un costo ineludible que se debe enfrentar con el fin de cimentar valores de decencia en la política y en la sociedad, de demostrar que el crimen no paga y de que no hay vacas sagradas, y de enviarle un mensaje inequívoco a los mandatarios -al actual y a los que vengan- sobre lo que les puede ocurrir si no se conducen con ética. El beneficio potencial de este proceso es, como se ve, y si se hacen bien las cosas, evidente.

Así, la misión fundamental del gobierno es evitar que la agenda nacional se fujimorice al punto que impida que la nación se concentre en lo que debe ser el objetivo principal de su gestión, que no es otro que abocarse a reducir la pobreza y a elevar la competitividad del país, lo cual pasa por el fortalecimiento de las instituciones cruciales como el Poder Judicial, el cual tiene ahora un desafío trascendental por delante.

Se trata, sin duda, de un caso histórico y sin precedentes. Por un lado, es la primera vez que se extradita a un ex presidente para ser juzgado, en su país, por violación de los derechos humanos. La atención mundial estará puesta, por tanto, en lo que haga la justicia peruana.

Pero su responsabilidad mayor es ante el Perú con el fin de conducir un proceso justo, impecable y riguroso. De lo contrario, todos saldremos perdiendo.

Siendo muy importante el logro de la extradición, lo que sigue ahora es mucho más complejo. El juicio no se puede politizar ni enredarse en vejámenes absurdos ni circos mediáticos. Primero, porque ningún reo lo merece por más graves que hayan sido sus delitos. Pero, más importante aún, porque ello solo beneficiaría a Fujimori al ponerlo en el papel de víctima.

Por todo ello, la responsabilidad de la justicia peruana es histórica y singular. Hagamos, por esta vez, las cosas bien. La nación se lo agradecerá y saldrá fortalecida del trance complejo que, de todas maneras, se viene.