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Cuando una idea propuesta para un fin noble como el combate a la corrupción recibe tantas críticas, como ha ocurrido con la Oficina Nacional Anticorrupción (ONA), el gobierno debería evaluar la validez de las mismas.

Hay, sin duda, observaciones originadas por el único afán de oponerse al gobierno, algo frecuente en una democracia. Estas críticas son las menos relevantes.

Otro cuestionamientos podrían referirse a la persona designada. No obstante, como pocas veces ocurre en el país del palo ensebado, ha existido unanimidad sobre las cualidades valiosas de Carolina Lizárraga.

Este diario tiene por ella un aprecio especial por el hecho de que, como jueza, condujo los procesos originados por dos denuncias que fueron primicias de Perú.21: los casos Almeyda y de las firmas falsas de Perú Posible, en los que, en varios momentos, remamos casi solos.

Otro grupo de críticas al anuncio de la ONA se refiere a la incredulidad que nos produce a algunos la verdadera intención detrás de esta decisión. Es obvio que el prestigio del gobierno se ha erosionado por los casos recientes de corrupción y poca transparencia. Necesita, por tanto, con urgencia, proyectar señales de reacción en el tema antes de que su popularidad siga cayendo.

Dicha falta de credibilidad también debería preocuparle al gobierno pues es legítima: se origina en un pasado y en un presente que, por decir lo menos, transmite poco entusiasmo por la lucha anticorrupción.

Finalmente, están las críticas por la duplicidad de funciones que puede significar la ONA con muchas otras entidades o, por ello mismo, para no interferir, por las pocas garras que tendrá para el objetivo que persigue. Su función se parece a la de las procuradurías anticorrupción. En la práctica, la unidad de investigación de un diario decente puede ser mucho más potente.

El gobierno debería sopesar las críticas a la ONA y, quizá, concluir en que lo mejor sería designar a Lizárraga en un puesto de línea en el que sí cuente con los instrumentos para, aprovechando, sus cualidades, cumplir con mejores posibilidades su propósito.

Así, podría ser la nueva ministra de Justicia o, mejor aún, reemplazar a Moisés Tambini en la jefatura de los procuradores, alguien que hoy desprestigia al gobierno en la lucha anticorrupción.