El ataque a la comisaría de Ocobamba es un acontecimiento de extrema gravedad. Para empezar, porque ha muerto un oficial de la Policía y hay tres heridos. Lo es también porque el narcotráfico ha podido montar un ataque con una banda de 40 individuos armados con granadas y armamento largo. Puede muy bien que sean senderistas, ya que a estas alturas no son mucho más que un grupo que se alquila para proteger traficantes.
No se trata de un caso aislado. Es, más bien, la confirmación de una tendencia sobre la que se viene advirtiendo desde hace un par de años: el narcotráfico está dando avances cualitativos, ante la desidia e incapacidad del Estado para enfrentarlo con seriedad.
El problema se empieza a transformar para mal. De ser un país exportador de drogas, estamos pasando a ser uno donde el crimen organizado se asienta internamente con sus perversos efectos de corrupción y violencia. Todo lo que ocurre en zonas rurales es de por sí gravísimo, pero hay que agregarle los cada vez más frecuentes crímenes de sicarios en plena capital. También, la manera en que bandas organizadas de microtráfico controlan el crimen en barrios de nuestras ciudades, como es ya visible en Trujillo.
Se trata de un problema que no se combate con propaganda. Es, la verdad, chocante constatar la millonada que están gastando en Interior en publicidad desde hace unos meses para mejorar la imagen de un ministro chamuscado. ¿Cuánto han costado los cientos de avisos en los que nos dicen que la lucha contra el narcotráfico anda muy bien? ¿Sobra la plata? ¿No hay otras urgencias en equipamiento, tecnología y capacitación?
El problema no se combate tampoco con discursos a posteriori, en los que con voz ronca se asegura que los culpables pagarán por sus crímenes, cuando sabemos que en el 99% de los casos eso no ocurre. El problema es mucho más de fondo. Se necesitan instituciones eficaces de lucha contra este flagelo. No basta con dar leyes más severas si al final son inaplicables. Se necesita tener políticas públicas de seguridad y liderazgo político efectivo en su ejecución. Es, además, impostergable retomar los esfuerzos de reforma y modernización de la Policía para hacerla eficaz al enfrentar las distintas dimensiones de la inseguridad. Por supuesto que eso vale también para el Ministerio Público, el Poder Judicial y el sistema penitenciario.
Estamos perdiendo tiempo valiosísimo. La experiencia de otros países debiera servirnos para saber que, una vez que el crimen organizado penetra de esa manera, sus efectos son gravísimos, y la capacidad de extirparlo, casi nula.
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