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Ocobamba, en Apurímac, y Mesa Redonda, a pocas cuadras de Palacio de Gobierno, refuerzan la sensación frecuente de la ausencia de un Estado con capacidad de dejar sentir su presencia y de hacer cumplir las reglas.

La responsabilidad es compartida por muchos. Incluye, sin duda, a los gobiernos de todo nivel -central, regional, local-, de ahora y de antes, pues el problema es antiguo.

La ciudadanía también tiene culpa, como fue evidente ayer en el incendio en Mesa Redonda. Felizmente, no produjo víctimas como hace seis años, pero permitió constatar, otra vez, que el negocio está antes que la vida. Aún pasando inspecciones de vez en cuando, ante la falta de supervisión permanente de la municipalidad y de la policía, los comerciantes incurren en prácticas de alto riesgo, mientras a los ciudadanos solo les interesa el precio y no la seguridad en donde harán las compras.

De otro lado, cuando todavía está pendiente el esclarecimiento pleno del ataque terrorista realizado anteayer en la comisaría de Ocobamba, salta a la vista la constatación de lo que es obvio desde hace mucho tiempo: que esa zona del país, como muchas otras, carece de los recursos suficientes para prestar servicios públicos básicos como la seguridad, y de que el narcotráfico, junto con los rezagos de Sendero, se moviliza con comodidad ante la ausencia de autoridad.

La misma falta de Estado se convierte en obstáculo para la aplicación de reformas bien intencionadas. El SOAT médico, por ejemplo, es una buena idea, pero tiene el problema de que las condiciones de los hospitales públicos convierten a los doctores en héroes cotidianos debido a la pobre infraestructura que disponen.

Lo mismo ocurre con la propuesta de evaluar a los docentes universitarios del sector público, los cuales se desempeñan en medio de una gran precariedad institucional, en cuyo caso la evaluación al profesor se vuelve un asunto relativo que debilita su sentido.

La conclusión es que la conformación de un Estado real, no solo de papel, con presencia en todo el territorio nacional, y con la capacidad de prestar servicios básicos esenciales como seguridad, justicia, educación o salud, sigue siendo un desafío apremiante en el país.