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La increíble pachocha del Poder Judicial peruano.

Creo que no necesito reiterar la opinión de este espacio sobre Antauro Humala, pero con el fin de que no quede duda, mejor repetirla: su actuación política es, sin duda, lamentable.

Si su nacionalismo improvisado y anquilosado se llegara a aplicar alguna vez en el Perú, se generaría un retroceso peor, incluso, que el del primer gobierno aprista. La violencia es un rasgo central de su prédica y obra, como lo demostró en Andahuaylas, en el año 2005, con el saldo trágico de cuatro policías asesinados por sus huestes. Por ello está siendo juzgado, acusado de rebelión, secuestro, arrebato de armas y homicidio calificado, y su condena podría ser de treinta años.

Precisado lo anterior, hay que lamentar que se haya tenido que extender el plazo de detención de Antauro Humala debido a que, durante los 36 meses que ya tiene recluido en Piedras Gordas, la Primera Sala Penal para Reos en Cárcel no ha podido dictar sentencia.

A pesar de que son 160 los acusados por los delitos cometidos en Andahuaylas, este caso no es tan complejo, y las evidencias están bien documentadas.

Carga procesal es la justificación elegante del Poder Judicial para lo que en realidad constituye un verdadero escándalo: el excesivo retardo de los juicios que, en algunos casos, produce injusticias al tener a gente detenida demasiado tiempo a la espera de una sentencia.

El ex ministro del Interior Walter Chacón, por ejemplo, ha pasado cuatro años en prisión efectiva y tres años en arresto domiciliario sin que todavía se le dicte sentencia.

Casos como los anteriores son notorios por la presencia política de los acusados, lo cual lleva a que los medios les den alguna atención, pero la historia cotidiana en el Perú es la de mucha gente anónima que se pudre en la cárcel, o desespera por la falta de solución a su demanda, a la espera de un fallo del juez.

La justicia se imparte en función de principios y de leyes. Da lo mismo si se trata de Antauro Humala o de un ciudadano desconocido. Lo evidente es que resulta increíble que alguien deba esperar -muchas veces preso- seis años para una sentencia. Y ya se sabe, justicia que tarda...