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Orden público y derechos humanos en la balanza

El cinismo de Santiago Martin Rivas ayer en su testimonio -amañado y falaz- en el juicio de Alberto Fujimori, en el que con sangre fría negó hasta la existencia del Grupo Colina que él jefaturara, sucede en un contexto en el que, otra vez, se menoscaba la relevancia de los derechos humanos. Como si fuera poco lo que ya ha ocurrido en el país, y no hubiera capacidad de aprender.

Esto ha sucedido a propósito de la muerte de cuatro personas en Ayacucho durante el paro agrario, motivo por el cual ayer estuvo el ministro del Interior, Luis Alva Castro, ante la Comisión Permanente del Congreso.

Un sector de la oposición sustenta su censura por la responsabilidad política que le correspondería ante los excesos de la Policía que produjeron las muertes. El ministro, por su parte, negó que hayan sido policías los que dispararon, y culpó de ello a "infiltrados". Al mismo tiempo, es también lamentable el saldo de 44 policías heridos en los incidentes.

Como explica bien Francisco Eguiguren en su columna de hoy, en una democracia, la gente tiene derecho a protestar, y la Policía de velar por el orden pero con una respuesta que no sea desproporcionada o irrazonable.

Por ello, al margen de la credibilidad que pueda tener la versión gubernamental, lo que debería ser determinado por una comisión independiente, la versión de Alva Castro tiene una virtud: no justifica que la Policía pueda disparar a mansalva en una manifestación pública.

Es un gran avance si se tienen en cuenta las declaraciones de otros miembros del gobierno. Desde el presidente Alan García, quien el fin de semana prácticamente alardeaba con la respuesta policial que produjo las muertes, hasta el ministro Rafael Rey, cuyo comentario sobre lo ocurrido es muy peligroso. Él señaló que "a todos esos revoltosos hay que decirles que, cuando sale una bala, esa bala hiere y puede matar". Y también se preguntó "¿para qué tiene armas la Policía? ¿para tenerlas colgadas en su casa o para usarlas cuando hace falta?".

El peligro de opiniones y de actitudes como las de García y Rey es que fue precisamente esa la lógica que, en el fondo, funcionó como la gasolina de gente como Martin Rivas y del Grupo Colina. Es decir, que el orden público es un valor supremo al que se subordina, incluso, la vida humana.