El gobierno debería indagar por qué suben los precios.
El ministro Luis Carranza debería darse un tiempo para ofrecerles un curso acelerado de economía a sus colegas del gabinete que en estos días están haciendo un papelón cuando hablan sobre precios.
En primera fila de la escuelita debería estar la ministra de Justicia Rosario Fernández. Apelando a su condición de ama de casa, y con una wincha en la mano, quiso demostrar anteanoche que los precios no están subiendo, como si su carretilla del Wong de Asia fuera la canasta del consumidor promedio. Sin duda, no es la de los niveles socioeconómicos D y E, cuya inflación en febrero pasado fue casi el doble de la de NSE A.
Peor quedó la ministra cuando anunció acciones legales contra el que especule con los precios por considerar esto un delito según el artículo 234 del Código Penal. El problema es que el mismo es previo a la Constitución actual y, ahora, ya no tiene sentido.
El que también está tirando por la borda su bien ganada fama de entendedor de asuntos empresariales es el premier Jorge del Castillo, quien -según la Agencia Andina- ofrece "luchar a fondo contra la especulación, dentro de un clima de libertad de precios y de libertad de mercado, pero tampoco permitiendo
la adulteración de pesos y medidas que es un delito grave".
Acá hay una confusión. Alterar la balanza para engañar al comprador y hacerle creer que se le está vendiendo un kilo de arroz, cuando en realidad se le está entregando 800 gramos, es una estafa. Pero eso no tiene nada que ver con el precio del kilo de arroz que cada vendedor fije
según "la libertad de precios".
El concepto de especulación ha perdido la relevancia que sí tuvo en el país en el primer gobierno aprista, el cual ejerció un control de precios generalizado y absurdo que, junto con otros factores, ocasionó la segunda hiperinflación más larga de la historia mundial.
Hoy existe libertad para establecer precios. Los únicos casos en que se podría aplicar una sanción son la concertación y el abuso de la posición de dominio.
Salvo que el gobierno quiera diferenciar entre especulación bruta y especulación neta, sería mejor que se dedique a indagar con más habilidad las razones del alza actual de los precios. Controlando balanzas no hará mucho.
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