La sola idea de que en 2011 Ollanta Humala o algún reformista de izquierda gane las elecciones presidenciales, desde ya genera sobresaltos y alienta el diseño y la implementación de una política autoritaria. Para los que están contentos con el crecimiento económico del país, para quienes se benefician con grandes negocios, se trata de actuar preventivamente.
Por eso se admira el actual modelo de desarrollo de China Popular, un centralizado capitalismo de estado dirigido por el Partido Comunista de ese país, como lo ha manifestado sin reservas el presidente Alan García después de su viaje por países del oriente.
En ese afán de actuar preventivamente, es decir, liquidar rápido y temprano a los posibles adversarios, se ha desatado un sistemático hostigamiento contra potenciales elementos incómodos.
Quienes promovieron el referéndum para conocer la opinión de la población sobre el proyecto minero Majaz y los señalados como supuestos receptores de dinero de Venezuela son acusados de terroristas, con la activa colaboración de varios medios de comunicación; los presidentes regionales son maltratados, es cierto que aprovechando las absurdas declaraciones del presidente de Puno; y el líder del Partido Nacionalista, Ollanta Humala, tendrá que comparecer como acusado ante la Primera Sala Penal para Reos en Cárcel, pese a la existencia del hábeas corpus que lo favorece. Parte de lo mismo es que el presidente de la República publique artículos en los que centra el blanco en todos los que, desde su novecentista punto de vista, son enemigos del desarrollo.
Los hechos centrales se derivan de esta situación: en primer lugar, los promotores de esta política de "limpieza preventiva" están atrapados en la contradicción de que el gobierno aprista se ha corrido demasiado a la derecha y el espacio para los opositores se ha ampliado; y, en segundo lugar, la instalación de una política autoritaria que incluya persecución contra los adversarios políticos considerados peligrosos.
En su Ensayo sobre la lucidez (2004), José Saramago, hace apuntes especialmente agudos a propósito de cómo los derechos electorales se pueden convertir en subversivos para la estructura de poder dominante. En unas supuestas elecciones municipales, cuenta Saramago, ganan inesperadamente los votos en blanco.
El Gobierno considera esa conducta como subversiva, revolucionaria y parte de un complot anarquista internacional, y en consecuencia, los culpables deben ser eliminados. En el Perú, los amantes de la prevención tendrán que empezar a devanarse los sesos: ¿Cómo harán para que solo haya candidatos a su gusto? ¿Cómo lograrán eliminar el voto del sur, del centro y de la Amazonía?