La creación del Ministerio del Ambiente se ha convertido, como se podía suponer, en un complicado juego de poder dentro y fuera del Gobierno. La comisión de diagnóstico y propuesta, presidida por Antonio Brack, ha concluido su trabajo pero se mantienen innumerables incertidumbres.
¿Qué quiere el Ejecutivo? ¿Un ministerio que se convierta en maquillaje del Consejo Nacional del Ambiente (Conam) para colmar las demandas del TLC con los Estados Unidos y guardar las apariencias ante la próxima cumbre con la Unión Europea? ¿O una entidad con autonomía administrativa y financiera para decidir, gestionar y fiscalizar la política ambiental superando la actual dispersión y la escasa o nula regulación y control?
La Defensoría del Pueblo ha pedido que el proyecto sea prepublicado para generar un amplio debate público. Sostiene que este ministerio debe "prevenir la contaminación, promover un uso sostenible de los recursos naturales y, en definitiva, garantizar que los derechos de las personas sean respetados".
Es importante, asimismo, que sea aprobado mediante una ley discutida y aprobada por el Congreso, y no como parte del paquete de decretos legislativos pro TLC que prepara el Ejecutivo.
La Asamblea Nacional del Gobiernos Regionales también ha alcanzado su propuesta al Gobierno central. Insisten en que el ministerio tenga competencia para aprobar los estudios de impacto ambiental de todos los proyectos de alcance nacional; que la evaluación ambiental estratégica de políticas, planes y programas esté a cargo del Gobierno central, y que simultáneamente se aplique una gestión descentralizada, precisando los ámbitos de competencia de cada nivel de gobierno.
La preocupación, como señala la bióloga Anna Zucchetti, "es que el nuevo ministerio no tenga la tan reclamada capacidad de fiscalización ambiental de las actividades extractivas y productivas (mineras, industriales, pesqueras, forestales), simplemente porque estas seguirán descuartizadas en los mismos sectores que se encargan de su promoción" (El Comercio, 8.4.08).
El trasfondo es que los ministerios vinculados a políticas ambientales no quieren desprenderse de sus espacios de poder. Es el caso, por ejemplo, del agua y de los bosques, ahora en el sector agricultura, y del mar, a cargo de Imarpe. Es probable también que existan intereses privados que teman que una poderosa autoridad ambiental ponga orden en el rubro ejerciendo un efectivo poder regulador, aunque en el sector minero hay empresarios que han manifestado su acuerdo explícito con la creación de esta entidad. En cualquier caso, el Ejecutivo debe mostrar si tiene una verdadera voluntad de llevar adelante esta crucial reforma del Estado.
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