Hoy es el referéndum sobre la autonomía del departamento más rico de Bolivia: Santa Cruz. Aunque el gobierno del presidente Evo Morales ha criticado duramente a los promotores de la iniciativa por poner en riesgo la unidad territorial de su país, ninguno ha sido encarcelado, ni menos aún acusado de terrorista, como sí ha sucedido en el Perú a propósito de la consulta por la explotación minera de Majaz, de una dimensión infinitamente menor.

No se puede descartar que hoy se susciten actos de violencia. Pero sobre todo existe el riesgo de que, como el voto a favor de la autonomía seguramente vencerá por amplio margen, se ingrese a un estado de fuerte tensión entre el Gobierno Nacional y los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Cochabamba.

La demanda de Santa Cruz empequeñece las aisladas manifestaciones autonomistas dentro del Perú. Su estatuto autonómico propone asumir "atribuciones sobre temas de extranjería" y "se atribuye la facultad departamental de conceder asilo y legislar sobre los derechos políticos de los extranjeros y de los cruceños en el exterior" (La Razón, Bolivia, 2.5.08).

A diferencia del ejemplo español, en el que dice inspirarse, pretende imponerse de facto por encima de la Constitución boliviana (incluso de la anterior, si se quiere cuestionar la aprobada recientemente).

Las burguesías de derecha boliviana están promoviendo una autonomía que camina al filo del separatismo. Este es un detalle que en el Perú se empeñan en pasar por alto los que no simpatizan con Evo Morales porque les parece populista, nacionaliza empresas energéticas y es socio político de Hugo Chávez.

Hay un "todo vale" para debilitarlo, sin prever las consecuencias de la iniciativa cruceña para los países de la región. Distinto sería el canto si, como se suele especular, el separatismo tuviera como promotores a los aimaras o quechuas bolivianos y peruanos, o a los nacionalistas radicales.

La OEA, sin condenar el referéndum, ha expresado "su pleno respaldo al gobierno del presidente Evo Morales y a la institucionalidad de la democracia". Las Fuerzas Armadas lo consideran ilegal. El presidente de la Corte Suprema de Justicia y el secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana han señalado que los estatutos autonómicos se deben sujetar a la Constitución. El Consejo Nacional Electoral -equivalente al Jurado Nacional de Elecciones del Perú- ha opinado que el referéndum no procede.

El presidente Evo Morales ha cometido errores como aprobar la nueva Constitución sin respetar los dos tercios necesarios (le faltaron tres votos), no saber administrar la demanda autonómica ni desplegar una política inclusiva con los opositores.

Sin embargo, si los errores de un presidente y su gobierno justificasen las políticas separatistas, varios estados latinoamericanos, incluido el Perú, hace rato se habrían desmembrado.