Peru21.pe

He leído con interés artículos de dos columnistas de esta casa (Santiago Pedraglio y Nelson Manrique). Ambos, envueltos en retórica progresista, se refieren al reciente D. Leg. 1015. Una iniciativa que busca quebrar lo establecido y unifica requisitos para alcanzar acuerdos entre comunidades campesinas en todo el país.

Mientras Pedraglio etiqueta este cambio como una "reforma agraria conservadora" (¿?), porque -según él- incentivaría la desaparición de las áreas comunales y esa fábrica de pobreza rural denominada minifundio, Manrique -mucho más hepático- califica el cambio legal como algo que irrespetaría acuerdos internacionales y que configuraría una "puñalada a los campesinos" (aunque no sostiene cómo sería esto).

¡Puñales! Parece que todo vale con tal de defender el orden establecido post-velasquista. Y es que, frente a todo cambio, parecería que la estrategia de apelar a lo emotivo -léase: producir miedo- es común a todo conservador.

Frente al miedo, sin embargo, no existe nada mejor que exponer los hechos fríamente. ¿Qué están defendiendo? ¿Acaso la situación de pobreza, de atraso, de exclusión y la descapitalización no es mayor en la sierra y en la selva, donde prevalecen las reglas que ellos defienden? ¿Alguien puede defender -dejando de lado elementos dogmáticos o emotivos- una estructura de propiedad difusa, poco transparente y particionada en los hechos?

Meter miedo con la inversión privada -minera o no minera-funciona impecablemente como forma de distraernos de enfocar el fondo de esta historia. Pero, ¿qué les parece si lo hacemos?

Por décadas, el statu quo y las políticas agraristas (esa mezcla de intervencionismo y populismo que caracteriza a la política agraria peruana desde los aciagos días del dictador Velasco Alvarado) han constituido una traición para el grueso de la población más pobre del país. El marco legal de este estado de cosas encaja críticamente en un agro rural que no innova, no se capitaliza y no es competitivo, pero que se mantiene como una suerte de botín tanto económico (para ONG, consultores de pobreza y ciertos privados receptores de subsidios y protección comercial) cuanto político (para agrupaciones contestatarias que se aprovechan de la frustración de estos bastiones electorales).

Note acá, estimado lector, el sugestivo silencio de quienes hoy defienden lo establecido respecto al deterioro de la educación pública en las zonas rurales o sobre el déficit de infraestructura y de servicios básicos. Note, además, lo crucial de que nada cambie. Hoy lloran por que la política agraria vuelva a ser agrarista y que se mantengan bloqueos hacia la asociatividad y el ingreso de la inversión privada.

¿Qué pasaría si el agro peruano se levanta? ¿Si, dejando esa visión de sector minusválido, transita hacia un negocio que acumula, crece, innova y compite? Pues, mucha gente dejaría de ser pobre -tal como ocurre en la costa rural- y otros pocos tendrían que desarrollar ocupaciones nuevas. Algunos políticos locales tendrían que buscar nuevas ideologías y bastiones electorales.

Claro está, por más defendible que resulte el D. Leg. 1015, como cambio aislado, es poco relevante. Hay, además, mucho por hacer. Una reversión estable del atraso agrario nacional requiere, simultáneamente, profundizar el acceso a una educación pública que no estafe en las zonas rurales. Sin capital humano solo discurseamos. Se requiere también una drástica reducción del abultado déficit de servicios básicos e infraestructura.

Así como hay que dejar de lado las visiones alarmistas del neoconservadurismo velasquista local, hay que entender que uniformar criterios en las asambleas comunales -per se- no basta. Incluso, hacer solo esto puede cocinar un caldo ideal para quien quiera incendiar la pradera, explotando la frustración existente hoy, pero atribuible mañana al decreto aquí aludido.