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| Dom. 12 ago '07
Denuncias en Agricultura involucrarían a Chiquitín
En una decisión nunca antes vista en lo que va del Gobierno aprista, el ministro de Agricultura, Ismael Benavides, denunció ayer una serie de irregularidades y presuntos actos de corrupción cometidos en ese portafolio en los últimos meses, y no descartó que en ellos esté involucrado su predecesor, el célebre Juan José Chiquitín Salazar.
En una entrevista en RPP, Benavides informó que a raíz de uno de estos hechos -la venta irregular de vicuñas a una empresa de Trujillo- destituyó al presidente del Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos (Conacs) y dispuso que la Contraloría General de la República investigue a este organismo y formule las denuncias penales que fueran necesarias.
El ministro dijo haber detectado que su sector vendió -por unos 500 mil dólares- dos mil vicuñas de la comunidad de Picotania, en Puno, a una minera de propiedad de la controvertida familia Sánchez Paredes, acusada de narcotráfico. Sostuvo que los camélidos son de propiedad del Estado y que, por lo tanto, no pueden ser objeto de venta.
CHIQUITÍN EN LA DANZA.
Benavides también denunció que el Ministerio de Agricultura, durante la gestión de Salazar, concedió un fondo de garantía de cinco millones y medio de soles del Crediagro a la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú (Jnudrp) para que importara urea, utilizada en el agro como fertilizante.
Una nota de prensa de su despacho precisó, luego, que en este caso se encontraron diversas irregularidades, entre ellas "la selección del proveedor, sin licitación ni concurso público, a través de un broker que carece de seriedad y garantía comercial". Además, que la suma concedida para la garantía excedió por mucho el límite establecido en los créditos que otorga el Crediagro, del Banco Agropecuario.
Cuando se le preguntó a Benavides, en la radio, si en estos hechos estaba involucrado su predecesor, contestó: "Podría ser".
El comunicado de prensa añadió, a la lista de anormalidades, una compra sin licitación de medicamentos y alimentos para animales, por unos tres millones de soles, efectuada durante la campaña contra el friaje. La responsabilidad, en este caso, también sería del ex presidente del Conacs.
LO DEFIENDEN.
Las denuncias del ministro de Agricultura fueron tomadas con pinzas por el Gobierno. En Arequipa, el premier Jorge del Castillo afirmó que no las conocía profundamente pero que sabía que se referían a "funcionarios menores" y descartó que en ellas estuviera involucrado Chiquitín Salazar, a quien calificó de una persona honesta. Hecha esa precisión, señaló que respaldaba la decisión de Benavides de "denunciar y de tomar todas las medidas" del caso.
Por su lado, la ex presidenta de la Comisión Agraria del Congreso, la aprista Nidia Vílchez, no solo defendió la honestidad del ex ministro sino que cuestionó al actual titular de Agricultura por haber "adelantado opinión" sobre estas denuncias.
Según la legisladora, en el caso de la compra de urea no hay ninguna irregularidad porque la importación nunca se llevó a cabo. Es más, agregó, los regantes criticaron a Salazar porque, supuestamente, fue el causante de esta demora.
"Me parece que al ministro Benavides le falta información", expresó, tras lo cual anunció que, una vez instalada la Comisión Agraria, pedirá que se forme una subcomisión que investigue estas denuncias.
Consultado sobre el particular, el experto en temas agrarios Reynaldo Trinidad coincidió con Vílchez en que, en el caso de la importación de urea, esta no se concretó y que el fondo de garantía nunca se constituyó. También aseguró que, por efecto de una ley promulgada por Fujimori, las vicuñas ya no le pertenecen al Estado sino a las comunidades campesinas y que estas sí pueden venderlas.
En una entrevista en RPP, Benavides informó que a raíz de uno de estos hechos -la venta irregular de vicuñas a una empresa de Trujillo- destituyó al presidente del Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos (Conacs) y dispuso que la Contraloría General de la República investigue a este organismo y formule las denuncias penales que fueran necesarias.
El ministro dijo haber detectado que su sector vendió -por unos 500 mil dólares- dos mil vicuñas de la comunidad de Picotania, en Puno, a una minera de propiedad de la controvertida familia Sánchez Paredes, acusada de narcotráfico. Sostuvo que los camélidos son de propiedad del Estado y que, por lo tanto, no pueden ser objeto de venta.
CHIQUITÍN EN LA DANZA.
Benavides también denunció que el Ministerio de Agricultura, durante la gestión de Salazar, concedió un fondo de garantía de cinco millones y medio de soles del Crediagro a la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú (Jnudrp) para que importara urea, utilizada en el agro como fertilizante.
Una nota de prensa de su despacho precisó, luego, que en este caso se encontraron diversas irregularidades, entre ellas "la selección del proveedor, sin licitación ni concurso público, a través de un broker que carece de seriedad y garantía comercial". Además, que la suma concedida para la garantía excedió por mucho el límite establecido en los créditos que otorga el Crediagro, del Banco Agropecuario.
Cuando se le preguntó a Benavides, en la radio, si en estos hechos estaba involucrado su predecesor, contestó: "Podría ser".
El comunicado de prensa añadió, a la lista de anormalidades, una compra sin licitación de medicamentos y alimentos para animales, por unos tres millones de soles, efectuada durante la campaña contra el friaje. La responsabilidad, en este caso, también sería del ex presidente del Conacs.
LO DEFIENDEN.
Las denuncias del ministro de Agricultura fueron tomadas con pinzas por el Gobierno. En Arequipa, el premier Jorge del Castillo afirmó que no las conocía profundamente pero que sabía que se referían a "funcionarios menores" y descartó que en ellas estuviera involucrado Chiquitín Salazar, a quien calificó de una persona honesta. Hecha esa precisión, señaló que respaldaba la decisión de Benavides de "denunciar y de tomar todas las medidas" del caso.
Por su lado, la ex presidenta de la Comisión Agraria del Congreso, la aprista Nidia Vílchez, no solo defendió la honestidad del ex ministro sino que cuestionó al actual titular de Agricultura por haber "adelantado opinión" sobre estas denuncias.
Según la legisladora, en el caso de la compra de urea no hay ninguna irregularidad porque la importación nunca se llevó a cabo. Es más, agregó, los regantes criticaron a Salazar porque, supuestamente, fue el causante de esta demora.
"Me parece que al ministro Benavides le falta información", expresó, tras lo cual anunció que, una vez instalada la Comisión Agraria, pedirá que se forme una subcomisión que investigue estas denuncias.
Consultado sobre el particular, el experto en temas agrarios Reynaldo Trinidad coincidió con Vílchez en que, en el caso de la importación de urea, esta no se concretó y que el fondo de garantía nunca se constituyó. También aseguró que, por efecto de una ley promulgada por Fujimori, las vicuñas ya no le pertenecen al Estado sino a las comunidades campesinas y que estas sí pueden venderlas.
