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Las relaciones bilaterales entre Perú y Chile ingresaron nuevamente a un clima de tensión debido a la controversia sobre los límites marítimos. El gobierno de Michelle Bachelet llamó en consulta a su embajador en Lima, Cristian Barros, en clara protesta por la publicación de la cartografía peruana sobre las 200 millas marítimas que le corresponden en el sur, mapa que pone en evidencia la disputa por la soberanía de 35 mil kilómetros cuadrados de mar en esa zona.

"El Ministerio de Relaciones Exteriores comunica que el embajador de Chile en Perú, señor Cristian Barros Melet, ha sido llamado a informar desde esta fecha", se leyó en un escueto comunicado de la Cancillería chilena, que no precisaba si la decisión era por tiempo indefinido.

Previamente, dicho ministerio había entregado al embajador del Perú en Santiago, Hugo Otero, una nota de protesta por el mismo hecho, medida anunciada en la víspera por el jefe de la diplomacia chilena, Alejandro Foxley.

Para el Perú, no existe tratado alguno que defina la frontera marítima con Chile, mientras que ese país señala lo contrario basándose en convenios pesqueros firmados en los años 60.

MAPA AFECTA RELACIONES.

A diferencia de la serenidad y aprobación que mostró a fines de julio, cuando el presidente Alan García anunció la decisión de su gobierno de acudir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya para aclarar el diferendo marítimo, esta vez La Moneda advirtió que las relaciones bilaterales con el Perú quedarán muy afectadas por la oficialización del mapa. "Creemos que este tipo de publicación y esa posición ciertamente hacen más difícil una relación bilateral fluida con el Gobierno peruano", resaltó el vocero Ricardo Lagos Weber, tras asegurar a sus compatriotas que su país seguirá ejerciendo plenamente lo que son sus derechos y competencias sobre territorio chileno.

En tanto, los diferentes partidos en Santiago cerraron filas en torno a la declaración que hiciera Foxley en el sentido de que el documento peruano no tiene ningún valor jurídico. Incluso hubo voces que plantearon la cancelación de la visita de la presidenta Bachelet a Lima programada para noviembre.

Por lo pronto, el presidente de la Cámara de Diputados, Patricio Walker, decidió no venir a la capital peruana, en protesta por la actitud del gobierno aprista. Aquí, el diputado iba a participar en una sesión del Parlamento Andino y se iba a entrevistar con el presidente Alan García. Walker calificó de "una abierta provocación" la difusión de la carta marítima.

TOTAL CALMA.

La reacción de Torre Tagle, en cambio, fue muy diferente. El canciller José Antonio García Belaunde trató de poner paños fríos a la reacción chilena, al señalar que la nueva cartografía no hace otra cosa que cumplir con lo establecido en la Ley de Bases del Dominio Marítimo y que la decisión de Chile de llamar a su embajador es un mecanismo normal en la diplomacia.

Reiteró que el documento forma "parte del expediente peruano que será llevado a la Corte Internacional de La Haya".

En Lima, los diferentes partidos, incluso los de oposición, cerraron filas respecto de la posición de la Cancillería. El ex presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Rolando Sousa y el nacionalista Juvenal Ordóñez coincidieron en que fue un exceso de Chile enviar una nota de protesta y señalaron que el vecino del sur estaba notificado acerca de la posición peruana sobre los límites marítimos.

Por la noche, en Prensa libre, el premier Jorge del Castillo sostuvo que en el Perú no hay ningún ánimo belicista ni confrontacional; además, recordó que Chile está dispuesto a acudir a La Haya para zanjar la controversia.