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El ministro del Interior, Luis Alva Castro, ha intentado calmar las aguas declarando desierta la compra de patrulleros (aunque no por ello salvaría su responsabilidad). Sin embargo, aún está pendiente que aclare las graves irregularidades que se habrían cometido en la compra de US$3.2 millones de municiones antimotín, exonerada de licitación por el propio ministro, y que han sido denunciadas por

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desde el 8 de agosto.

Ahora surgen nuevas dudas sobre el representante de la empresa Combined Systems Inc., Williams Marcos Luque, con el que la Policía ya habría firmado, el 10 de agosto, el contrato que formaliza esta irregular y millonaria adquisición.

SOSPECHOSO REPRESENTANTE.

En su presentación al Congreso, el 14 de agosto, Alva Castro dijo que "se está adquiriendo material antimotín a una empresa de prestigio, con 26 años de experiencia en la fabricación de municiones no letales".

Sin embargo, la calificación de "empresa de prestigio" se cae al comprobar que, en la dirección que aparece en su certificado de inscripción en el Registro Nacional de Proveedores de Consucode, como domicilio de su representante legal en el Perú, nadie sabe nada de Combined Systems Inc. ni da razón sobre su apoderado, Williams Marcos Luque.

En el número 161 del Pasaje Atahualpa, en la urbanización Salamanca, en Ate, no hay ninguna oficina, sino dos casas bastante modestas que comparten esa dirección. En la vivienda de la derecha, nos atendió una señora que no quiso identificarse y que respondió que "los problemas que él (Marcos Luque) tenga, no nos competen; él no vive acá hace cuatro años y sigue poniendo esa dirección y nos perjudica".

En la de la izquierda, hablamos con Daniel Prado Marcos, sobrino de Williams Marcos, quien también negó que este viviera en su casa pero aseguró que sí residía en la del costado y "no sé por qué lo están negando", creando más de una duda sobre la seriedad de este representante.

SOBREVALORACIÓN.

A estas contradicciones se suman las evidencias de la supuesta sobrevaloración de estas municiones, presentadas por este diario. En primer lugar, el Ministerio del Interior está pagando, por las granadas y cartuchos lacrimógenos, precios que duplican los que desembolsó la Policía colombiana en mayo de 2006 por ellos.

Además, la PNP no les pidió cotizaciones a dos empresas norteamericanas que ofrecen precios más bajos (ver recuadro) pero sí se las solicitaron a Aerojet Inc. e Infinite Trading, Corp., dos compañías que, como se advirtió de estas páginas, no existirían y que fueron las únicas que compitieron con Combined Systems Inc.