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Las relaciones entre los representantes del Poder Judicial (PJ), del Ministerio Público (MP) y del Poder Ejecutivo no pasan por su mejor momento. Ayer, el presidente de la Corte Suprema, Francisco Távara, y la titular de la Tercera Fiscalía Penal de Lima, Juana Meza Peña, unieron sus fuerzas para responder a las críticas del mandatario Alan García y del premier Jorge del Castillo, quienes cuestionaron la falta de celeridad en la administración de justicia para encarcelar a los responsables de las irregularidades cometidas en el Seguro Integral de Salud (SIS).

"Exhorto a que se abstengan de hacer declaraciones que puedan ser tomadas como intromisión de la labor fiscal para evitar que los denunciados aludan luego persecución política", declaró la fiscal encargada del caso a la agencia oficial Andina.

Meza Peña agregó que no aceptará "presiones mediáticas" o de cualquier otra índole ya que -resaltó- este caso "es complejo" y no solo involucra al ex jefe del SIS Julio Espinoza y a la subjefe, Mary Malca, sino también a otras personalidades.

Por su parte, Távara pidió prudencia a los representantes del Poder Ejecutivo porque -explicó- el Código de Procedimientos Penales establece una serie de condiciones que no permiten la rápida detención de los involucrados en este escandaloso caso.

"No sé si el Ministerio Público formalizó la denuncia, en cuyo caso recién sería responsabilidad del Poder Judicial actuar con rapidez. La exhortación del señor ministro y del presidente tendría que estar dirigida al Ministerio Público y a la Policía, para que remitan la denuncia ante el juez de turno", manifestó a

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CELERIDAD.

Minutos antes de estos comentarios, el jefe del gabinete ministerial reiteró su demanda a las autoridades judiciales para que aceleren el proceso contra los responsables de malos manejos en el SIS. "¿Qué esperan los jueces y los fiscales para meter presos a los responsables? Parece que a propósito los dejaran ahí para seguir vapuleando al Gobierno", expresó, mientras que el secretario general del Apra, Mauricio Mulder, también mostró su extrañeza porque el Ministerio Público "no hace absolutamente nada" para detener al ex director de la Oficina General de Administración (OGA) del SIS, José Vega Díaz.

DESPIDOS.

A estas críticas se sumó el ministro de Salud, Carlos Vallejos, quien demandó al Poder Judicial mayor premura en las investigaciones para poder determinar quiénes son los responsables.

Anunció que se ha puesto en marcha la reorganización del SIS, proceso que se iniciará con el despido de 50 funcionarios, quienes -agregó- no necesariamente están involucrados en la compra sobrevaluada de alimentos para las víctimas del terremoto.

De otro lado, Carlos Bruce reiteró su denuncia de que el SIS, en virtud de un convenio con el INEI, entregará ocho millones y medio de etiquetas a las viviendas que serán censadas este domingo. El jefe encargado del SIS, Esteban Chiotti, aclaró, en la noche, que el referido convenio -suscrito por su antecesor- ya fue anulado, y precisó que el SIS solo dará asistencia médica a los operadores del censo de las áreas rurales y urbanas que así lo requieran.