Los representantes de Unidad Nacional (UN), de Alianza Parlamentaria, de la bancada fujimorista y los nacionalistas coincidieron en que el planteamiento del Ejecutivo, que incluía el proyecto Río Blanco, a cargo de la minera Majaz, no tenía sustento jurídico y, además, podía convertirse en un mecanismo de abuso por parte de las empresas o del Gobierno.
César Zumaeta planteó la postergación del debate e, incluso, dijo que Río Blanco podría ser retirado del proyecto de ley para no afectar el diálogo sobre ese tema. Más tarde, cuando se aprobó el predictamen, acusó a los fujimoristas, a los nacionalistas y a los de UN de actuar en contra del país.