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| Mar. 27 may '08
Defensoría cuestiona D.L. que afecta a campesinos
En los próximos días, la Defensoría del Pueblo presentará ante el Tribunal Constitucional (TC) una acción de inconstitucionalidad contra el controvertido Decreto Legislativo N° 1015, emitido la semana pasada por el Ejecutivo, que reduce el número de votos requerido para que las comunidades campesinas de la sierra y de la selva puedan vender sus tierras.
Así lo señalaron a
Perú.21
fuentes de esa institución, que precisaron que la presentación de la demanda depende de la elaboración del documento por parte de los expertos en materia constitucional de la Defensoría.
Carlos Alza, asesor de la defensora del Pueblo, Beatriz Merino, explicó que los especialistas ya han identificado "algunos vicios de inconstitucionalidad" en el decreto, como el hecho de que no se garantiza el derecho a la propiedad de las comunidades nativas.
Aunque el funcionario no confirmó si esa institución presentaría la demanda, indicó que era una posibilidad que se estaba analizando.
DESPROTEGIDOS
. Según un documento de la Defensoría que recoge sus principales observaciones al D.L. 1015, esa entidad considera que la norma "debilita la protección reforzada que da la Constitución a la tierra indígena como bien comunal (...) al permitir que la disposición sobre las tierras comunales recaiga sobre una minoría (asistentes) y se realice en una asamblea simple".
La institución observó que los campesinos quedarían "incluso con una menor protección que la que tienen los accionistas de una persona jurídica, según la Ley General de Sociedades".
"La Defensoría del Pueblo considera que la disposición de las tierras comunales solo debería realizarse con el voto aprobatorio de la mayoría absoluta de los comuneros", es decir, al menos la mitad de los comuneros inscritos, precisa el documento.
FAVORITISMO
. Ayer, el líder del Partido Nacionalista, Ollanta Humala, también se pronunció sobre este tema y sostuvo que el referido decreto pretende fracturar las comunidades convirtiéndolas en "pro mineras". "Es una ley con nombre propio para las mineras que pretenden tener las tierras, como en el caso Majaz. El ministro del Ambiente, Antonio Brack, debería pronunciarse", demandó.
Por su parte, la congresista Alda Lazo (Restauración Nacional) consideró que la emisión de esta norma era un "exceso" del Gobierno y que no fue consultada con el Parlamento.
EJECUTIVO SE DEFIENDE.
Por la mañana, el premier Jorge del Castillo comentó que las críticas al decreto son un error de percepción de algunos "vivos" de Lima que mienten y se aprovechan de la buena fe de los pobladores del interior del país.
Explicó que la iniciativa solo busca poner en igualdad de condiciones a las comunidades de la sierra con las de la costa, donde los campesinos adoptan una decisión sobre estos temas con la aprobación de solo la mitad más uno de los presentes en la asamblea.
Así lo señalaron a
Perú.21
fuentes de esa institución, que precisaron que la presentación de la demanda depende de la elaboración del documento por parte de los expertos en materia constitucional de la Defensoría.
Carlos Alza, asesor de la defensora del Pueblo, Beatriz Merino, explicó que los especialistas ya han identificado "algunos vicios de inconstitucionalidad" en el decreto, como el hecho de que no se garantiza el derecho a la propiedad de las comunidades nativas.
Aunque el funcionario no confirmó si esa institución presentaría la demanda, indicó que era una posibilidad que se estaba analizando.
DESPROTEGIDOS
. Según un documento de la Defensoría que recoge sus principales observaciones al D.L. 1015, esa entidad considera que la norma "debilita la protección reforzada que da la Constitución a la tierra indígena como bien comunal (...) al permitir que la disposición sobre las tierras comunales recaiga sobre una minoría (asistentes) y se realice en una asamblea simple".
La institución observó que los campesinos quedarían "incluso con una menor protección que la que tienen los accionistas de una persona jurídica, según la Ley General de Sociedades".
"La Defensoría del Pueblo considera que la disposición de las tierras comunales solo debería realizarse con el voto aprobatorio de la mayoría absoluta de los comuneros", es decir, al menos la mitad de los comuneros inscritos, precisa el documento.
FAVORITISMO
. Ayer, el líder del Partido Nacionalista, Ollanta Humala, también se pronunció sobre este tema y sostuvo que el referido decreto pretende fracturar las comunidades convirtiéndolas en "pro mineras". "Es una ley con nombre propio para las mineras que pretenden tener las tierras, como en el caso Majaz. El ministro del Ambiente, Antonio Brack, debería pronunciarse", demandó.
Por su parte, la congresista Alda Lazo (Restauración Nacional) consideró que la emisión de esta norma era un "exceso" del Gobierno y que no fue consultada con el Parlamento.
EJECUTIVO SE DEFIENDE.
Por la mañana, el premier Jorge del Castillo comentó que las críticas al decreto son un error de percepción de algunos "vivos" de Lima que mienten y se aprovechan de la buena fe de los pobladores del interior del país.
Explicó que la iniciativa solo busca poner en igualdad de condiciones a las comunidades de la sierra con las de la costa, donde los campesinos adoptan una decisión sobre estos temas con la aprobación de solo la mitad más uno de los presentes en la asamblea.
