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El Gobierno dejó solo al vicepresidente Luis Giampietri al desdeñar su propuesta de que nuestro país se retire parcialmente de la competencia contenciosa de la Corte de San José y de que se promueva, ante la Organización de Estados Americanos (OEA), la creación de una instancia de apelación en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

El presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, aclaró ayer que la posición del también congresista oficialista no es compartida por el Ejecutivo. "Es una opinión, tiene derecho a opinar. Además, es una persona independiente, no es la opinión del Gobierno", enfatizó.

En el mismo sentido, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Mercedes Aráoz, aseguró que dicho planteamiento era a título personal y no como miembro del Ejecutivo. "Es una opinión personal, no la voy a juzgar. Lo habrá hecho como parlamentario", comentó en RPP.

El ministro de la Producción, Rafael Rey -quien en enero de 2007 hizo un planteamiento similar al del primer vicepresidente-, se mostró más cauto en esta oportunidad y se limitó a comentar que le corresponde al Gobierno decidir si lo toma en cuenta o no.

Por su parte, la titular de Justicia, Rosario Fernández, solo dijo que esperará a que el Tribunal de San José resuelva la demanda de interpretación sobre el fallo del caso Castro Castro antes de emitir una opinión.

Eduardo Vega, defensor adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, sostuvo que el retiro parcial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la creación de una tercera instancia de apelación "no tiene ningún fundamento", y pidió concluir con estos debates, "que no ayudan a fortalecer el Sistema Interamericano de Derechos Humanos".

Ronald Gamarra, de la CNDDHH, además de aclarar que la mencionada iniciativa es "inviable", manifestó que le preocupaba que Giampietri y, algunas veces, el propio presidente Alan García planteen estos temas.

Igual opinión tuvo Carlos Rivera, de IDL, quien señaló que, con dicha propuesta, el vicepresidente busca evitar futuras sanciones con respecto al caso El Frontón. "Es una suerte de refrito fujimorista", resaltó.