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| Mar. 03 jun '08
Comisión debate mañana proyecto de Hildebrandt
El debate para definir la aprobación del proyecto de ley que busca que los alumnos de colegios particulares paguen una pensión en las universidades públicas se realizará mañana en la Comisión de Educación del Congreso. Entre tanto, la polémica continúa.
El presidente de dicho grupo de trabajo, Pedro Santos Carpio, sostuvo ayer que estaba a favor de conservar la gratuidad de la enseñanza.
En opinión del parlamentario, el proyecto de Hildebrandt podría ser inconstitucional. Sin embargo, Santos aseguró que la iniciativa proponía modificar artículos de la Constitución y de la Ley General de Educación.
"Si modificamos la Carta Magna por buscar recursos para un servicio público, estamos atentando contra la función del Estado, que es asegurar la gratuidad de la enseñanza. De poner una pensión, dejaría de ser un servicio público y pasaría a convertirse a privado o de economía mixta", explicó el legislador. El tema obligó a solicitar la opinión del Ministerio de Educación y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
GRATUIDAD ANTE TODO.
Para el viceministro de Educación, Idel Vexler, la propuesta de la congresista Martha Hildebrandt es "interesante", aunque debe ser objeto de una evaluación minuciosa antes de ser aprobada.
No obstante, Vexler consideró que la gratuidad de la enseñanza es un principio que debe asegurarse en el país.
"Personalmente, creo que es muy arriesgado tomar alguna decisión que generalice a todos los jóvenes de colegios privados como chicos pudientes que pueden pagar en las universidades públicas, pues hay que tener en cuenta que muchos escolares se mantienen en los colegios privados con gran esfuerzo económico de los padres", declaró el funcionario quien, sin embargo, no descartó la posibilidad de que los estudiantes con recursos económicos probados puedan contribuir con su respectiva casa de estudios.
Por su parte, el educador León Trahtemberg mostró su discrepancia con la propuesta de Martha Hildebrandt. "El sistema que ha sido sugerido por la parlamentaria necesitaría de un ejército de evaluadores para determinar la capacidad económica de 30 o 40 mil alumnos universitarios. Es decir, una maquinaria burocrática, probablemente injusta y corrupta, que le demandaría al Estado más gasto", subrayó.
PROPUESTA
. Como alternativa, el educador planteó la creación de unos créditos educativos universitarios a los cuales podría acceder cualquier estudiante por elección propia. Posteriormente, al dedicarse a su profesión, el alumno devolvería el dinero que se le prestó.
Según Trahtemberg, de aplicarse los créditos, las personas de menos recursos podrían asistir a universidades privadas, y las casas de estudios estatales tendrían una mayor recaudación. Además, los créditos serían un "sistema automático" que no requeriría de más burocracia.
Igualmente, el especialista consideró que el proyecto de ley tiene un valor discriminador.
"El derecho a la educación gratuita no tiene por qué perderse en la universidad si a uno le dio la gana de pagar una mensualidad en el colegio", enfatizó Trahtemberg.
El presidente de dicho grupo de trabajo, Pedro Santos Carpio, sostuvo ayer que estaba a favor de conservar la gratuidad de la enseñanza.
En opinión del parlamentario, el proyecto de Hildebrandt podría ser inconstitucional. Sin embargo, Santos aseguró que la iniciativa proponía modificar artículos de la Constitución y de la Ley General de Educación.
"Si modificamos la Carta Magna por buscar recursos para un servicio público, estamos atentando contra la función del Estado, que es asegurar la gratuidad de la enseñanza. De poner una pensión, dejaría de ser un servicio público y pasaría a convertirse a privado o de economía mixta", explicó el legislador. El tema obligó a solicitar la opinión del Ministerio de Educación y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
GRATUIDAD ANTE TODO.
Para el viceministro de Educación, Idel Vexler, la propuesta de la congresista Martha Hildebrandt es "interesante", aunque debe ser objeto de una evaluación minuciosa antes de ser aprobada.
No obstante, Vexler consideró que la gratuidad de la enseñanza es un principio que debe asegurarse en el país.
"Personalmente, creo que es muy arriesgado tomar alguna decisión que generalice a todos los jóvenes de colegios privados como chicos pudientes que pueden pagar en las universidades públicas, pues hay que tener en cuenta que muchos escolares se mantienen en los colegios privados con gran esfuerzo económico de los padres", declaró el funcionario quien, sin embargo, no descartó la posibilidad de que los estudiantes con recursos económicos probados puedan contribuir con su respectiva casa de estudios.
Por su parte, el educador León Trahtemberg mostró su discrepancia con la propuesta de Martha Hildebrandt. "El sistema que ha sido sugerido por la parlamentaria necesitaría de un ejército de evaluadores para determinar la capacidad económica de 30 o 40 mil alumnos universitarios. Es decir, una maquinaria burocrática, probablemente injusta y corrupta, que le demandaría al Estado más gasto", subrayó.
PROPUESTA
. Como alternativa, el educador planteó la creación de unos créditos educativos universitarios a los cuales podría acceder cualquier estudiante por elección propia. Posteriormente, al dedicarse a su profesión, el alumno devolvería el dinero que se le prestó.
Según Trahtemberg, de aplicarse los créditos, las personas de menos recursos podrían asistir a universidades privadas, y las casas de estudios estatales tendrían una mayor recaudación. Además, los créditos serían un "sistema automático" que no requeriría de más burocracia.
Igualmente, el especialista consideró que el proyecto de ley tiene un valor discriminador.
"El derecho a la educación gratuita no tiene por qué perderse en la universidad si a uno le dio la gana de pagar una mensualidad en el colegio", enfatizó Trahtemberg.
