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Continúan las críticas a la consulta vecinal que se realizará el próximo 16 de setiembre, en Ayabaca, Pacaipampa y Carmen de la Frontera, para definir el futuro de la minera Majaz en esa zona. Ahora, el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, rechazó el proceso al afirmar que los recursos naturales son de todos los peruanos y que un pequeño grupo de pobladores no puede decidir sobre el futuro de las inversiones en el país.

El premier también censuró el ambiente de violencia que se vive actualmente en los lugares donde se desarrollará la consulta, debido a que los ronderos han tomado el control de la zona y ejercen presión sobre las radioemisoras para que no difundan opiniones a favor de la minería.

En ese sentido, pidió a los comuneros que no repitan la mala experiencia del asentamiento minero Tambogrande, en Piura, donde también se realizó una consulta vecinal que acabó con el cierre de la mina y ahora existe contaminación por la proliferación de la minería ilegal.

Del Castillo hizo un llamado a los organizadores de la consulta para que actúen con cordura, depongan las medidas extremas y dialoguen con los representantes de la minera. "Los nuevos dueños de Majaz están en la mejor disposición para conversar, y espero que los agricultores tengan la misma actitud. Nosotros vamos a facilitar un diálogo desde cero, con libertad y sin imposiciones ni prejuicios", manifestó.

MÁS OPOSICIÓN.

Por otro lado, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Carlos del Solar, opinó que la consulta vecinal no tiene sentido. "Las comunidades se siguen oponiendo a la inversión buena, que protege el medio ambiente y genera desarrollo y puestos de trabajo. Estoy convencido de que no es por mala voluntad de los comuneros, sino por falta de educación y conocimiento y porque hay algunas ONG, impulsadas por gente de izquierda, que van a incitar a estas poblaciones en contra de estas inversiones", subrayó.

En tanto, el jefe de la Primera Dirección Territorial de la Policía, Luis Enríquez Palacios, aclaró que sus efectivos no prestarán seguridad al proceso porque se trata de un acto electoral ilegítimo. El jefe policial dijo que se ha dispuesto reforzar las subunidades enclavadas en estas zonas, pero no para brindar garantías a la consulta, sino para prevenir posibles actos vandálicos que alteren la tranquilidad pública.

CONSULTA SIGUE ADELANTE.

Pese a todo ello, Senecio Jiménez, presidente de la Comunidad de Yanta; Edilberto Neyra, fiscal de Segunda y Cajas, y Juan Huayama, presidente del Comité de Rondas Campesinas de Huancabamba, aseguraron que el proceso se realizará de todas maneras.

En una conferencia de prensa, los dirigentes comunales señalaron que los ronderos habían tomado el control de la seguridad en los pueblos donde se efectuará la consulta porque tienen mandato para hacerlo.

Aunque reconocieron que los resultados del proceso no tendrán carácter vinculante, indicaron que el mismo es legal porque se ampara en los mecanismos de participación para los gobiernos municipales y regionales. Además, el Estado ha suscrito acuerdos internacionales sobre dicho tema.