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El titular de Agricultura señaló que nunca fue su intención responsabilizar directamente a su antecesor de las supuestas irregularidades en este sector, y pidió esperar las investigaciones.

Tras la denuncia formulada este fin de semana por el

titular de Agricultura, Ismael Benavides -sobre una serie de irregularidades cometidas en ese portafolio en los últimos meses y donde no descartó

la participación de su predecesor

Juan José Chiquitín Salazar-, este lunes le manifestó a este último sus disculpas a través de una radioemisora local. Como se recuerda, Chiquitín le exigió al ministro que se rectifique o, de lo contrario, iniciaría

acciones legales en su contra.

"Lamento que se haya sentido aludido (el ex ministro Salazar). Nunca fue mi intención. En todo caso, si esa es la situación le pido públicamente disculpas, pero tenemos que remitirnos a las investigaciones que finalmente determinarán quiénes fueron los funcionarios responsables de llevar a cabo las acciones ilegales", sostuvo Benavides.

Durante la entrevista,

manifestó que Salazar pudo haber sido "mal asesorado" cuando se concedió un fondo de garantía de cinco millones y medio de soles del Crediagro a la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú (Jnudrp) para que importara urea.

Benavides

desestimó, en ese sentido, la versión de

su antecesor,

quien señaló que si hubo alguna irregularidad en esta operación realizada en octubre del año pasado, no fue culpa de su despacho, sino del Agrobanco que depende del Ministerio de Economía y de la Presidencia del Consejo de Ministros. El ministro subrayó que ésta estaba en manos de las personas responsables dentro del Ministerio de Agricultura.

Sobre el caso de la venta de dos mil vicuñas, admitió que el traslado de estos animales se realizó durante su gestión, pero que la compra se realizó en enero en un proceso donde

el Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos (Conacs) violó todos los procedimientos legales para su traslado. En ese punto subrayó que

estos animales

no se venden, que pueden trasladarse en uso, previo un plan de repoblamiento que implica un análisis de impacto ambiental.