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Tras reunirse en sesión reservada, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen de la Comisión de Ética que recomendaba aplicar la máxima sanción a la parlamentaria aprista por haber contratado a

un auxiliar fantasma.

Luego de reunirse por más de tres horas a puertas cerradas, el Pleno del Congreso aprobó aplicar la máxima sanción, suspendiendo por 120 días y sin goce de haber a la legisladora aprista Tula Benites, acusada de haber contratado a un empleado fantasma para que trabaje en su despacho parlamentario.

La medida fue respaldada por 56 votos, en tanto 34 parlamentarios votaron en contra y 5 se abstuvieron.

"Los hombres y mujeres que ingresamos a la política tenemos que aprender a tener serenidad. Hay sanciones que dignifican y honran a quienes nos hemos formado en el partido de Haya de la Torre", precisó la legisladora luego de conocer la sanción en su contra y en su intento de rebatir la denuncia periodística hecha por

Perú.21.

Llamó la atención que entre los que se abstuvieron de emitir su voto estuvieron los legisladores apristas Mercedes Cabanillas y Aurelio Pastor. Así, como los fujimoristas Martha Moyano y Ricardo Pando.

De esta manera, la representación nacional aprobó el dictamen en mayoría presentado por la Comisión de Ética durante la legislatura pasada, donde se

recomendaba suspender por 120 días a Benites Vásquez. Un informe en minoría presentado por el partido de la estrella pedía que solo se le suspenda por 40 días.

Cabe recordar que

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puso al descubierto la contratación irregular de Juan Carlos Cuadros, quien admitió este hecho, pero luego sorpresivamente se retractó.

SANCIONAN A PANDO Y CENZANO.

Horas antes de decidir la suerte de Benites, los padres de la patria decidieron suspender por 60 y 30 días respectivamente, a los congresistas Ricardo Pando (Grupo Fujimorista) y Tomás Cenzano (Partido Aprista), ambos acusados de la presunta contratación de personal fantasma y obstrucción al acceso de datos durante una pesquisa policial en Puno.

Según indicó Radio Programas, esta decisión se adoptó al considerar válidas las pruebas y argumentos presentados en ambos casos. No obstante, ambas medidas todavía no fueron ratificadas públicamente por los voceros autorizados.