La reciente promulgación, por parte del Ejecutivo, de la Ley 29164, que permite la inversión privada en los patrimonios culturales de atractivo turístico, ha encendido nuevamente los ánimos de los cusqueños, a tal punto que el Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Cultura (INC) del Cusco anunció una serie de medidas de lucha para exigir al Gobierno la derogatoria de la norma.

Fernando Cuba Vallenas, secretario general del referido gremio, calificó la medida como "un atentado contra el pueblo y contra el patrimonio", pues dijo que ocasionará que los monumentos arqueológicos sean agredidos y entregados a sectores interesados en negociar a costa de ellos.

"Se trata de una situación muy preocupante porque en la práctica significará la invasión del patrimonio, principalmente del Cusco, que posee la mayor riqueza arqueológica del Perú. Por eso, el pueblo se va a levantar", advirtió.

Cabe recordar que el arqueólogo Luis Lumbreras también había manifestado su preocupación, pues consideró que la aprobación de esta ley evidenciaría que existe una confusión sobre el papel que cumplen los monumentos arqueológicos, los cuales son un bien social y no privado.

PUNTOS A FAVOR. Al respecto, el congresista Carlos Bruce explicó a Perú.21 que la norma promulgada por el Ejecutivo ha sido tergiversada, pues no permite la concesión del patrimonio sino de las zonas aledañas de los monumentos arqueológicos que se encuentran olvidados, con la finalidad de recuperarlos. "Se quiere replicar experiencias exitosas como la de la huaca Pucllana, en Lima, que era un terral hasta que la inversión privada llegó, invirtió y la puso en valor", explicó.

Bruce agregó que los cusqueños estarían preocupados por una posible intervención en Machu Picchu o en Sacsayhuamán, pero aclaró que la norma "no se aplica a monumentos que ya están siendo conservados".

¿QUÉ DICE LA LEY? Según el texto aprobado, las concesiones serán otorgadas previa evaluación del INC y del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, y los recursos que se obtengan se destinarán a recuperar aquellos lugares que se encuentran deteriorados. El plazo de cada concesión será por un máximo de 30 años y podrán renovarse por un período similar. Además, se podrán instalar servicios de hospedaje y restaurantes de cuatro estrellas como mínimo, pero siempre y cuando no comprometan la infraestructura de las zonas intervenidas.