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Mundo | Dom. 11 MAY '08

Polémica por ingreso a celda de Fujimori

Gonzales Posada dice que regulación de visitas a Fujimori les compete al Ministerio y al INPE. Luis Caparrós responde que nadie puede restringir las facultades de los legisladores.
Gonzales Posada dice que regulación de visitas a Fujimori les compete al Ministerio y al INPE. Luis Caparrós responde que nadie puede restringir las facultades de los legisladores.

El tema de las visitas de los congresistas fujimoristas a su líder, Alberto Fujimori -recluido en la sede de la Diroes-, supuestamente en horarios no permitidos y para tratar temas ajenos a su función, es una papa caliente que nadie quiere tener entre sus manos.

Ayer, el presidente del Congreso, Luis Gonzales Posada, aclaró que es al Ministerio de Justicia y en especial al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) al que le compete regular esta situación, porque es el encargado de la administración de los penales.

"Creo que hay un error de percepción. A quien le corresponde administrar un penal es al INPE, no al Congreso del Perú. De acuerdo con el Código de Ejecución Penal, es el INPE el que regula sus tiempos y tiene que actuar en concordancia con otros dispositivos legales", afirmó a

Perú.21

.

Además, Gonzales Posada resaltó que el Parlamento no puede tomar cartas en el asunto, porque en ningún momento ha recibido alguna queja, observación, nota escrita o llamada telefónica de parte del INPE o del Ministerio de Justicia donde se señale que la presencia de los legisladores fujimoristas en la Diroes afecte su organización y disciplina.

"Hablamos con el viceministro de Justicia (Erasmo Reyna) y le hicimos notar que es una decisión de ellos y le ratificamos que jamás hemos tenido un cuestionamiento que nos diga: estos parlamentarios están excediendo sus funciones y vienen permanentemente a altas horas de la noche. Si ellos desean regular eso, (privilegios parlamentarios) es su atribución hacerlo", comentó.

INPE RESPONDE.

Por su parte, el titular del INPE, Luis Caparrós, aseguró que nadie puede restringir las facultades de los parlamentarios, ya que -resaltó- eso significaría "modificar la investidura constitucional del congresista y el Reglamento del Parlamento".

"El informe de Oficialía Mayor del Congreso dice que a los legisladores no se les puede regular nada y nos recomienda que previamente coordinemos las visitas. Además, yo no tengo autoridad ni nivel para investigar o fiscalizar si un congresista está cumpliendo una función", expresó a nuestro diario.

Sin embargo, Caparrós cree que el tema de fondo no es el horario irregular de las visitas a Fujimori sino para qué van o si están cumpliendo una labor parlamentaria o no, y eso -comentó- él no lo puede determinar.

"No creo que el Congreso deba regular a los legisladores, lo que tendría que hacer o verificar es si estas visitas se realizan en cumplimiento de sus funciones o no. Eso, el Congreso puede hacerlo", manifestó el jefe del INPE.

"VENGANZA".

Al respecto, el fujimorista Carlos Raffo resaltó que las normas no establecen ningún tipo de restricción para las visitas de los parlamentarios a los penales -como en el caso de la Diroes, donde se encuentra recluido el ex presidente-, porque no se puede atentar contra la naturaleza de control y fiscalización legislativa.

En todo caso, señaló que, si se pretende regular esta situación que ha levantado tanta polémica, primero se deberían cambiar las leyes y la Constitución.

"Para mí, esta denuncia ha sido promovida

desde la izquierda caviar como respuesta al problema de Aprodeh, de Francisco Soberón, y la carta sobre el MRTA. Es una especie de venganza caviar, y han tratado de darnos donde más nos duele, que es en el tema del cuidado de nuestro líder", afirmó.

ANALIZAR CONDUCTA.

De otro lado, la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, solicitó a la Sala Penal Especial "analizar la conducta" del ex presidente Alberto Fujimori, quien en pleno juicio revisó un documento con apuntes referidos a una eventual campaña electoral para el año 2011 y que fuera revelado el jueves pasado por

Perú.21.

"Desde el punto de vista de la Fiscalía, una persona que está procesada y condenada (por el caso Allanamiento) no puede ser candidata, las leyes electorales establecen impedimentos y prohibiciones", resaltó a la agencia Andina.




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