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Sociedad | Mié. 22 AGO '07
García anuncia severidad contra actos vandálicos
Mientras pobladores siguen clamando por ayuda, rescatista español denuncia mala distribución de donativos.
Mientras pobladores siguen clamando por ayuda, rescatista español denuncia mala distribución de donativos.
Pese a los esfuerzos desplegados por el Gobierno central para cubrir las necesidades de los miles de damnificados del terremoto del pasado miércoles, la desorganización en la distribución de los alimentos, abrigo y medicinas continúa y la ayuda aún no llega a los lugares más alejados. Así, mientras el presidente Alan García anuncia la reconstrucción de Pisco, sus pobladores siguen clamando, por siete días consecutivos, la ayuda económica y social que les permita afrontar los momentos de angustia que están viviendo.
Desde Pisco, donde ha permanecido durante la última semana monitoreando la repartición de las donaciones enviadas por la comunidad internacional y por la población peruana, el mandatario deploró la actitud mezquina de las personas que tratan de apoderarse de los donativos.
SEVERIDAD Y CONTROL.
Si bien estos actos delincuenciales no han sido protagonizados por funcionarios del Gobierno central o de sus instituciones, el presidente precisó que se actuará con severidad y que quienes se aprovechen de las donaciones serán pasibles de la denuncia penal respectiva.
"No tengo información de que haya habido mal uso de la ayuda (.). Ha habido un caso pero no tiene que ver con Defensa Civil y tampoco el Ejecutivo, creo que tiene que ver con el municipio de La Victoria. Nosotros seremos muy severos con cualquier persona, funcionario, alcalde o cualquiera que quiera aprovecharse de la ayuda que llega y yo he pedido a la fiscal de la Nación (Adelaida Bolívar) que esté muy atenta para entablar la denuncia correspondiente", dijo.
Precisamente ayer, el Ministerio Público denunció penalmente a la subgerenta de Defensa Civil de la Municipalidad de La Victoria, María Teresa Rosas García, en cuya vivienda se encontraron 150 kilos de víveres y mil litros de agua que fueron recolectados para ser enviados a las víctimas del sismo que remeció hace una semana el sur de Lima. De acuerdo con la información proporcionada, la ex funcionaria fue puesta a disposición del Poder Judicial junto con otras cinco personas, quienes fueron denunciadas como cómplices del presunto delito de peculado agravado.
Lamentablemente, mientras la mayoría del pueblo peruano se pone de pie para ayudar a nuestros compatriotas del sur, esta actitud ruin y perversa se repitió. Esta vez en el Gobierno Regional del Callao. Anoche el chofer de esta dependencia Héctor Roca Morales fue detenido luego que la Policía encontrara también en su domicilio productos que debían ser destinados a los damnificados.
Sobre este último caso, el presidente del Gobierno Regional del Callao, Alexander Kouri, afirmó que "esta persona ha sido expulsada y se le va a denunciar ante la Fiscalía porque lo que se recolecta está destinado a las víctimas y no a sus propios intereses. Si resultan responsables tendrá que aplicárseles la más severa y drástica condena porque no podemos permitir que, mientras todos trabajamos por las víctimas, dos o tres traten de beneficiarse".
Tanto Rosas García como Roca Morales podrían recibir una sanción de hasta diez años de prisión, de acuerdo con lo contemplado en el Código Penal.
Más información en la
Edición Impresa
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Pese a los esfuerzos desplegados por el Gobierno central para cubrir las necesidades de los miles de damnificados del terremoto del pasado miércoles, la desorganización en la distribución de los alimentos, abrigo y medicinas continúa y la ayuda aún no llega a los lugares más alejados. Así, mientras el presidente Alan García anuncia la reconstrucción de Pisco, sus pobladores siguen clamando, por siete días consecutivos, la ayuda económica y social que les permita afrontar los momentos de angustia que están viviendo.
Desde Pisco, donde ha permanecido durante la última semana monitoreando la repartición de las donaciones enviadas por la comunidad internacional y por la población peruana, el mandatario deploró la actitud mezquina de las personas que tratan de apoderarse de los donativos.
SEVERIDAD Y CONTROL.
Si bien estos actos delincuenciales no han sido protagonizados por funcionarios del Gobierno central o de sus instituciones, el presidente precisó que se actuará con severidad y que quienes se aprovechen de las donaciones serán pasibles de la denuncia penal respectiva.
"No tengo información de que haya habido mal uso de la ayuda (.). Ha habido un caso pero no tiene que ver con Defensa Civil y tampoco el Ejecutivo, creo que tiene que ver con el municipio de La Victoria. Nosotros seremos muy severos con cualquier persona, funcionario, alcalde o cualquiera que quiera aprovecharse de la ayuda que llega y yo he pedido a la fiscal de la Nación (Adelaida Bolívar) que esté muy atenta para entablar la denuncia correspondiente", dijo.
Precisamente ayer, el Ministerio Público denunció penalmente a la subgerenta de Defensa Civil de la Municipalidad de La Victoria, María Teresa Rosas García, en cuya vivienda se encontraron 150 kilos de víveres y mil litros de agua que fueron recolectados para ser enviados a las víctimas del sismo que remeció hace una semana el sur de Lima. De acuerdo con la información proporcionada, la ex funcionaria fue puesta a disposición del Poder Judicial junto con otras cinco personas, quienes fueron denunciadas como cómplices del presunto delito de peculado agravado.
Lamentablemente, mientras la mayoría del pueblo peruano se pone de pie para ayudar a nuestros compatriotas del sur, esta actitud ruin y perversa se repitió. Esta vez en el Gobierno Regional del Callao. Anoche el chofer de esta dependencia Héctor Roca Morales fue detenido luego que la Policía encontrara también en su domicilio productos que debían ser destinados a los damnificados.
Sobre este último caso, el presidente del Gobierno Regional del Callao, Alexander Kouri, afirmó que "esta persona ha sido expulsada y se le va a denunciar ante la Fiscalía porque lo que se recolecta está destinado a las víctimas y no a sus propios intereses. Si resultan responsables tendrá que aplicárseles la más severa y drástica condena porque no podemos permitir que, mientras todos trabajamos por las víctimas, dos o tres traten de beneficiarse".
Tanto Rosas García como Roca Morales podrían recibir una sanción de hasta diez años de prisión, de acuerdo con lo contemplado en el Código Penal.
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